Los compromisos de Sánchez se atascan en el Congreso

«La Ley sobre Secretos Oficiales la reformaremos en esta legislatura». Con esa frase, un compromiso renovado, Sánchez despidió el 26 de marzo a Aitor Esteban, ahora presidente del PNV, tras la que fue su última intervención en el Pleno de la Cámara Baja. La modificación de esa norma, una reivindicación de los peneuvistas que registraron por primera vez en 2016 -este es ya el quinto intento-, fue uno de los acuerdos con la formación vasca de cara a la investidura del jefe del Ejecutivo en noviembre del 2023.

Sánchez sonrió y sus palabras recibieron el eco de alguna carcajada en la bancada socialista. La eterna promesa al PNV sigue varada en el plazo de enmiendas. Terminará el miércoles, salvo que la Mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, se decante por aprobar una nueva prórroga. Otra más, porque ya van cuarenta en total, desde que se registró la iniciativa el 29 de agosto del 2023, solo doce días después de la constitución de las Cortes. Pero el caso de la Ley sobre Secretos Oficiales no es el único ni el más notorio.

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Desde que el Partido Popular aprobó en 2015 con su mayoría absoluta en el Congreso la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', el PSOE ha prometido derogarla o reformarla en lo que denomina «sus aspectos más lesivos». La Cámara Baja estuvo a punto de aprobar una amplia modificación de la norma la legislatura pasada, pero decayó en comisión al mantener ERC y Bildu sus posiciones de máximos y negarse el Ministerio del Interior a tocar cuatro líneas rojas que querían flanquear los separatistas.

La ley la había registrado el PNV, que esta legislatura volvió a la carga. En octubre, por sorpresa, Bildu anunció un acuerdo con el Ejecutivo que parecía dar un empujón definitivo a la reforma de la seguridad ciudadana, pero meses después nuevas discrepancias provocan otro bloqueo. El PSOE cedió ante los aberzales para que se prohíba el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios y que se impidan las devoluciones en caliente -en la línea contraria a lo aceptado por los socialistas en la Unión Europea-, así como que se suavicen tanto las faltas de respeto a la autoridad como las sanciones por desobediencia.

Aunque el PNV se unió a PSOE, Sumar y Bildu para firmar el nuevo texto, los nacionalistas vascos no ocultaron que los dos últimos compromisos con los aberzales les chirrían, porque creen que mantener el principio de autoridad de los agentes es fundamental. A esto se le unen partidos como Junts y Podemos, que registraron enmiendas. El caso de la formación de Ione Belarra es llamativo, porque la legislatura pasada, cuando estaba en el Gobierno, dio el visto bueno a un texto menos ambicioso que el actual, pero el de ahora le parece insuficiente. El partido izquierdista quiere que tanto la prohibición del uso de pelotas de goma como de las devoluciones en caliente queden redactados de forma más directa en la ley, para no dar lugar a aplazamientos ni interpretaciones. De los cambios del PNV para respetar la autoridad de los agentes no quieren ni oír hablar ni Bildu ni Podemos.

Todas estas posiciones cruzadas hacen que el final de la 'ley mordaza' siga parado, sin que siquiera se haya constituido una ponencia en el seno de la Comisión de Interior del Congreso, para que un grupo de diputados empiece a trabajar en ella y a discutir la idoneidad de las enmiendas parciales registradas por los distintos partidos. Algo similar podría pasar, aunque está en una fase mucho más incipiente, en la proposición de ley orgánica registrada por PSOE y Junts para delegar a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de inmigración.

La norma llegó al Congreso el 4 de marzo, hace algo más de un mes, pero el Gobierno tiene plazo para manifestar su disconformidad hasta el 22 de abril. Por supuesto, no lo hará porque nace como consecuencia de un pacto con el prófugo Carles Puigdemont que le permitió reconducir sus relaciones. Los siete diputados de su partido en el Congreso son claves para el Ejecutivo en cualquier votación.

Aun así, a la contundente oposición de PP y Vox se añaden las reticencias manifestadas por Podemos -que por el momento amaga con votar en contra de la ley, lo que provocaría que muriese en la orilla de las costas parlamentarias- y por varios partidos de Sumar, como Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís, que recelan de ceder una cuestión tan sensible ante una formación cuyos postulados en inmigración, por más que ahora no gobierne, están en sus antípodas.

La situación de esas tres leyes contrasta con la reforma para que se disuelvan las asociaciones que hagan apología del franquismo. Una iniciativa de sello exclusivamente socialista que se aprobará el jueves en el Congreso, salvo sorpresa, tras dar su visto bueno la Comisión Constitucional con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. También recibirá un espaldarazo el real decreto ley para repartir los menores extranjeros no acompañados de Canarias entre el resto de comunidades. Dos victorias para un Gobierno sin presupuestos y con dificultades para cumplir sus pactos.