La Comisión Europea advierte de que la rebaja de la malversación puede afectar a los fondos europeos

Las tensiones en el sistema judicial en España han sido debatidas por primera vez de manera formal en el pleno de la Eurocámara y aunque ha sido bajo la fórmula menos solemne y no había muchos diputados presentes, en determinados aspectos ha servido para abrir la caja de Pandora de las críticas a la acción del Gobierno y para poner a España en el mismo departamento en el que están los gobiernos de Hungría y Polonia. Prácticamente todos los diputados no españoles que intervinieron han recordado que «lo que es condenable en Hungría y Polonia debe ser condenable también en España», una aseveración que no es fácil de contradecir.

El comisario Reynders intervino para enumerar todas las recomendaciones ya conocidas en el informe sobre el estado de Derecho que publicó el año pasado y las que expresó en su última visita a España este otoño. Sin embargo, respecto a la reforma del Código Penal reconoció que la Comisión «está verificando si esas disposiciones están de acuerdo con la legislación europea» y teniendo en cuenta la cantidad de dinero que la propia Comisión ha atribuido a España como fondos de recuperación, el interés se centra «concretamente en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la UE».

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Por lo que respecta a la rebaja del delito de sedición, Reynders explicó que se trata de una competencia exclusiva de los gobiernos nacionales, por lo que «pueden cambiarlo como quieran siempre que se respeten sus obligaciones constitucionales».

El Comisario de Justicia volvió a repetir que considera esencial la renovación del CGPJ que debe ser seguida «inmediatamente»por la reforma de las reglas de la elección de sus miembros de modo que se evite la percepción de que la justicia «es vulnerable a la politización». En este sentido, desde la Comisión «seguimos pidiendo que tomen las medidas pertinentes para que se apliquen nuestras recomendaciones» en la reforma porque «el parlamento tiene demasiada discreción para decidir» la composición del órgano de Gobierno de los jueces. «Las normas europeas aconsejan a las autoridades políticas que no deben estar implicados en el proceso de elección de los miembros del CGPJ».