Las claves del plan del Gobierno para controlar a los medios

 Una lista de medios de comunicación

Este registro lo elaborará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tal y como anunció ayer el ministro Urtasun. El objetivo es que allí figure detallada tanto la propiedad de cada empresa periodística como la publicidad institucional que recibe.

Limitación de la publicidad institucional

Es uno de los caballos de batalla desde que Sánchez emprendió la guerra contra lo que considera 'pseudomedios'. Lo anunciado ayer, siempre dependiente del respaldo que den a todas las medidas los socios parlamentarios, es que se reformará la ya existente ley de publicidad institucional y que se obligará a las administraciones autonómicas a detallar cada año cómo la reparten.

Modificación de los delitos contra el honor

También se reformará la legislación que protege el derecho a la rectificación ante falsedades vertidas en un medio de comunicación. Ambas legislaciones datan de los años 80 y, desde entonces, enfatizó ayer el ministro Bolaños, el «ecosistema mediático» ha sufrido una importante transformación.

Fiscalización de la medición de audiencias

No se sabe cómo, aunque se pretende fiscalizar para, precisamente, vigilar el reparto de publicidad institucional, que sin embargo se permitirá y potenciará en el caso de medios publicados en lenguas cooficiales, como muchos digitales de línea independentista en Cataluña. Ni Bolaños ni Urtasun supieron contestar a cómo se hará esa medición de audiencias.

Despenalizar las injurias a la Corona

Pese a la ambigua respuesta de Bolaños al respecto, fuentes de Sumar transmiten que eso es lo que contempla el acuerdo. Y se hará mediante una reforma del Código Penal para despenalizar los delitos de injurias contra las instituciones, la Corona incluida.

Debate del estado de la Nación obligatorio

Habrá que celebrarlo cada año siempre y cuando salga adelante la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que ayer planteó el Gobierno. Si se llega a ello, Sánchez ya no podrá hurtar ese debate a las Cortes, como hizo en 2021.

Castigo a los partidos que no presenten sus cuentas

Es lo que pretende el Gobierno, aunque tampoco en esto hay mayor concreción. Un castigo que se extenderá a los diputados y senadores que no cumplan debidamente con su declaración de bienes y actividades. Bolaños no citó expresamente a Vox, pero no era difícil adivinar que se refería a los de Abascal al acusarles de no cumplir ese requisito.

Obligación con los debates electorales

Se pretende hacer mediante una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), donde también se introducirá la obligatoriedad de que las encuestas incluyan sus «microdatos». Un candidato no podría rehuir un debate.

Regular la figura del cónyuge presidencial

Nada se dijo ayer de eso y fuentes del Gobierno admiten que ni siquiera se ha planteado a la hora de negociar las medidas. Ninguna normativa impedirá al marido de una futura presidenta recibir a empresarios en Moncloa o firmar cartas a favor de ellos.