Puigdemont regresa a 2017: «La vía indolora no existe»

Entre otras medidas, Puigdemont aboga por «disrupciones generalizadas de la movilidad», protestas por todo el territorio, así como «pérdida de la normalidad en la convocatoria y el desarrollo de acontecimientos» públicos o en el «ejercicio cotidiano de las obligaciones laborales». En definitiva, el bloqueo de Cataluña para «forzar» al Estado a negociar . Por el tipo de propuestas y el lenguaje utilizado, Puigdemont marca las líneas del campo donde se va a disputar el verdadero combate de las próximas elecciones del 14-F:a un lado, lo que se ha definido como el «independentismo mágico», que Puigdemont y Junts representan, en el otro, la vía que propugna Esquerra, aparentemente la de la gestión y el pragmatismo.

El documento lo aprobó ayer la Asamblea de Representantes Independentistas , un ente, junto al Consejo de la República, surgido del pacto de gobierno entre Junts y ERC de 2017 y que debía constituirse como un parlamento paralelo a resguardo de la «represión» del Estado cuando este interviniese las instituciones catalanas. Ese era el lenguaje que se usaba en 2017 y principios de 2018, y ese es el lengueja que usan de nuevo Puigdemont y sus seguidores. Por lo pronto, lo que era un ente acordado entre Junts y ERC es ahora vehículo partidista del fugado. Esquerra no mandó ningún representante , y la CUP un observador, a un acto que, además, no dudó en utilizar para su presentación el Palau de la Generalitat. Tratando de salvaguardar cierta apariencia de acto al margen de partidos, el documento aprobado ayer se aseguró que se mandaría a todas las formaciones secesionistas. En la práctica, se constituye ya de facto en el programa de Junts.

El documento aprobado parte de la premisa de que para llevar adelante este « desbordamiento» del Estado lo primero es ganar en escaños y en voto absoluto las elecciones de febrero. Esa victoria debería dar paso a desenterrrar y activar la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

El escenario deseado, aseguran, es el del referéndum pactado pero, para lograrlo, se asume que eso no es posible «sin conflicto ni confrontación», una confrontación que, dicen, quieren no violenta. «La negociación, para que se acabe produciendo, debe forzarse», asumiendo «los riesgos colectivos y personales que ello implica», añade el documento.

La fase definitiva debe activarse «una vez se hayan dispuesto los recursos materiales y organizativos suficientes para aguantar una movilización sostenida, generalizada». Eso implica controlar «los puntos clave del territorio» catalán y «aguantar la posición». Es ahí donde sitúan la extensió de las protestas por todo el territorio o el bloqueo de la actividad económica, una vía que tras la declaración de octubre de 2017 no se intentó, y cuyo único ensayo se produjo el pasado año tras las sentencias del Supremo. El resultado, una semana de disturbios.