La presidencia «simbólica» que propone Junqueras no cabe en las normas de la Generalitat

En el pasado, la Generalitat ya ha contado con una estructura jerárquica que ofrecía esa imagen de «poder repartido» pero sin esa división entre atribuciones «simbólicas» y «reales». En este sentido, Artur Mas se consolidó políticamente desde su puesto de «Conseller Primer», una especie de «consejero de consejeros» que le permitió granarse una imagen pública más allá de la larga sombra de su entonces mentor, Jordi Pujol .

Por su parte, ERC también tiene experiencia en cargos con más simbolismo que funciones reales. El republicano Josep-Lluís Carod Rovira ejerció fugazmente de «Conseller en Cap» durante el primer gobierno «tripartito» que dirigió Cataluña entre 2003 y 2006. El republicano acabó dimitiendo después de hacerse pública una reunión, revelada por ABC, que mantuvo con la organización terrorista ETA para pedir que no atentaran en la comunidad y que causó un enorme revuelo político.

La fórmula planteada ahora por Junqueras tiene poco margen si se observan los artículos sobre la composición del «Govern» integrados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Así, el artículo 68 apunta que el ejecutivo catalán se compone de un Presidente, un Consejero Primero (o Conseller en Cap) y de los consejeros.

«El Presidente de la Generalitat por Decreto puede nombrar y separar a un Consejero Primero, de todo lo cual debe dar cuenta al Parlamento. El Consejero Primero es miembro del Gobierno. El Consejero Primero, de acuerdo con lo establecido por la ley, tiene funciones propias, además de las delegadas por el Presidente o Presidenta», se limita a concretar el Estatuto. Asimismo, la Ley de la Presidencia de 2008 señala que el presidente de la Generalitat puede designar un «vicepresidente» si no ha nombrado un «Consejero Primero».

La figura de una presidencia «simbólica» como la propuesta por Junqueras no aparece en ningún documento oficial de la Generalitat pero encaja con las atribuciones que sí desempeñan los expresidentes, que cuentan con un «estatuto» que los dota de todo tipo de prerrogativas y privilegios .

«Los expresidentes de la Generalitat disfrutan, a partir de su cese, del reconocimiento, la atención y el apoyo debidos, de acuerdo con las funciones y las responsabilidades ejercidas», reza la ley 6/2003 que regula esta figura. Asimismo, se establece que el Gobierno autonómico debe «facilitar» a los expresidentes «los medios necesarios» para mantener una oficina «adecuada» a las responsabilidades de este cargo.

El caso más reciente de expresidente que disfruta de estos beneficios es el de Artur Mas . El exlíder del PDECat renunció a la presidencia de la Generalitat en enero de 2016. En ese mismo momento, empezó a disfrutar de los beneficios que la ley catalana otorga a quienes dejan de ser jefes del Ejecutivo regional. Entre otras cosas, un sueldo equivalente al 80% del que tenían cuando eran presidentes autonómicos –en su caso, más de 110.000 euros brutos anuales –, además de un fondo de libre disposición para gastos diversos de representación.

Asimismo, resultan relevantes los miles euros que Mas cargó a la Generalitat por «gastos de viaje», teniendo en cuenta que como expresidente disfruta de chófer y de coche oficial costeados íntegramente por la Administración. Además, solo entre febrero y diciembre de 2016, Artur Mas se cobró de la Generalitat 3.300 euros en concepto de «comidas protocolarias».