El Parlament mantiene el escaño a Juvillà y traslada la presión a Borràs a dos días para cumplir con la JEC

Laura Borràs (Junts), presidenta de la cámara autonómica, en cualquier caso, tiene de plazo hasta el viernes para hacer efectiva la orden de la JEC, que está recurrida al Tribunal Supremo. Si finalmente decide desoír al máximo órgano permanente de la Administración Electoral, Borràs se enfrentaría a un proceso judicial que podría acabar con una inhabilitación para cargo público. Además, la dirigente de Junts tiene abierta una causa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto caso de corrupción.

Este caso, el de Borràs-Juvillà, guarda un paralelismo con el que se vivió en el Parlamento catalán con Torra y Torrent a inicios de 2020. El paralelismo de este caso con el que se dio entre el entonces presidente autonómico, Quim Torra (Junts), y el responsable de la cámara, Roger Torrent (ERC), no es baladí. Junts presionó a ERC para que Torrent no hiciera caso a la JEC y mantuviera el escaño a Torra, condenado por desobediencia por el TSJC (Juvillà también ha sido condenado por el tribunal catalán). Ahora, Borràs está atrapada y se agarra a la «soberanía» parlamentaria. Con la de hoy, van tres votaciones en contra de aplicar la decisión de la JEC que afecta al diputado Juvillà.

El dictamen, que reitera que Juvillà debe mantener el escaño en base al Reglamento del Parlamento de Cataluña (que apunta que la pérdida del escaño es por sentencia firme) e ignora la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), en concreto el artículo 6.2 b) que declara inelegible a los «condenados por sentencia, aunque no sea firme», se ha debatido en la Comisión del Estatuto de los Diputados. En la sesión, celebrada esta tarde, Junts, ERC, los comunes y la CUP (82) han votado a favor. PSC, Vox, Cs y PP, en contra (53).

Las intervenciones de los diputados en la Comisión se han dividido en dos grupos. En contra del dictamen. David Pérez (PSC) ha definido como «resolución débil, desde el punto de vista jurídico» el texto presentado por los grupos independentistas. Y Antonio Gallego (Vox) ha recordado que lo que diga la Comisión, sobre este tema, «no es vinculante», pues el Parlamento catalán no puede cuestionar la decisión de la JEC.

Por su parte, Nacho Martín (Cs) ha acusado a los grupos nacionalistas de desconocer «la jerarquía normativa» y ha aseverado que «saben dónde va a acabar esto, con la pérdida del escaño de Juvillà». En la misma línea, Lorena Roldán (PP) ha añadido que este caso «es exactamente la misma situación que vivimos con Torra, y como este, Juvillà, igualmente, acabará en su casa».

Sin embargo, para los independentistas y los comunes, el caso se interpreta de forma diferente. A favor del dictamen. Jordi Albert (ERC) ha indicado que, tras la resolución de la JEC del 27 de enero, «no hay ninguna variación» respecto a la situación de Juvillà. Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), presidente de la Comisión, ha reconocido que «tenemos un conflicto» entre el Reglamento y la Loreg, pero ha concretado que no es un problema de «jerarquía normativa» sino de «competencias».

En el mismo sentido en líneas generales, David Cid (comunes) ha apuntado que «la JEC se ha extralimitado en sus funciones». Y Eulàlia Reguant (CUP), que comparte grupo político con Juvillà, ha insistido en lo mismo que Albert: «No ha cambiado nada. Los derechos de Juvillà han de seguir intactos». Y ha añadido: «No dejará el escaño».