Junts congela el acuerdo con el PSC, ERC y los comunes que reconocía el español como lengua vehicular

Un nuevo esperpento del nacionalismo catalán que, una vez más, puso de manifiesto el desgobierno que rige, sobre todo en Junts. Solo dos días antes, los dos partidos que forman parte del Govern fueron incapaces de juntarse para compartir un acto de protesta, que consistía en una foto, contra la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Consejería de Educación impartir al menos un 25% de asignaturas no lingüísticas en español y otro tanto en catalán.

Se presentaron muy felices los cuatro partidos, al mediodía de este jueves, firmando un acuerdo 'histórico' que, en realidad, suponía un cambio de estrategia en el nacionalismo lingüístico catalán, con el apoyo del PSC y los comunes, ya que asumían por primera vez que el español tiene que ser lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, como lengua oficial, junto con el catalán, reconocidas ambas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. La catarata de decisiones judiciales, en los últimos años, advirtiendo a la Generalitat de que la aplicación del modelo de inmersión lingüística, obligatorio y exclusivo en catalán, no se ajusta a los preceptos legales, parecía que forzaba a los nacionalistas a llevar a cabo un giro en la manera de afrontar la polémica que suscita la convivencia lingüística en las aulas de Cataluña. De hecho, el documento acordado así lo refleja. Y quizás por eso a última hora de este jueves Junts señaló que congela lo firmado.

«Ante el rechazo que la propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística ha generado entre las entidades defensoras de la lengua y las comunidad educativa, Junts ha trasladado a los grupos parlamentarios la necesidad de encontrar un imprescindible consenso mayoritario con las entidades y la comunidad educativa», señaló el comunicado del partido que lideran Carles Puigdemont y Jordi Sànchez. En esta línea, añadía la nota, la formación se pone desde ya «a trabajar con estas entidades para construir este nuevo consenso, indispensable para avanzar en la tramitación de la proposición parlamentaria» y aseguró que los que «atacan» la inmersión «no quieren más castellano en la escuela, quieren menos catalán en todas partes», por lo que «el objetivo debería de ser regular el catalán en la escuela para impedir que lo regulen aquellos que lo quieren arrinconar».

Con este giro, Junts también evidenció su debilidad como partido al no aguantar la presión que desde las redes sociales de internet recibió desde el primer momento en que se conoció el acuerdo a cuatro. La incipiente ruptura del pacto obtuvo la respuesta, casi inmediata, solo una hora después, de parte de ERC que, en un breve pero contundente comunicado, acusó a los de Junts de «partidismo» y actuar de manera «irresponsable».

Poco importó a Junts, por lo tanto, que al reconocimiento del español como lengua vehicular y de aprendizaje –por primera vez en una norma autonómica de forma explícita y situación fijada por la Constitución– se le sumara la vía para que la presencia del español fuera la mínima posible, camino por el que aspiraban a transitar las formaciones nacionalistas, incluso con la propia reforma aprobada.

La propuesta de cambio legislativo, ahora congelada por Junts y por lo tanto a la espera de ver su recorrido parlamentario, tiene en el artículo 21.1 de la Ley de Política Lingüística uno de los aspectos más significativos. El texto señala que «el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria». Si se aprobase la proposición de ley este artículo quedaría así: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. También se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en el apartado 3».

En este sentido, el apartado 3 del artículo 21 también sufriría modificaciones y pasaría a tener el siguiente redactado: «Para alcanzar el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria, la enseñanza de las lenguas oficiales y en las lenguas oficiales ha de tener garantizada una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos de centro».

Y se añadiría: «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza ha de tener en cuenta la situación sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas. Para determinar el alcance de esta presencia se incluirá, desde un abordaje global e integrador los recursos de aprendizaje, incluidos los de carácter digital y los usos lingüísticos del alumnado en el aula y en el conjunto del centro educativo».

Es este segundo apartado el que abría la puerta para tratar de diluir la presencia del español en las aulas. Pretendían que la situación sociolingüística del contexto de las escuelas y «los usos lingüísticos» en el conjunto del centro educativo, por ejemplo, dándole valor a la lengua que utilizan los niños en los espacios de libertad, como los recreos o el tiempo del comedor, justificase aplicar el menor número de horas de asignaturas no lingüísticas en español. Una gradualidad que seguiría en manos de los equipos directivos de los centros a través de los proyectos lingüísticos. Insuficiente, al parecer, para Junts.

La propuesta de modificación de la Ley de Política Lingüística también incluía retocar el artículo 21.6 (sobre la necesidad de acreditar ambas lenguas oficiales para la obtención del título de Graduado en la ESO) y suprimir el 21.8 (que señala que «el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo de Cataluña debe recibir un apoyo especial y adicional de enseñanza del catalán»). Igualmente proponía adecuar la ley del aranés.

Esta iniciativa legislativa, en caso de aprobarse, no afectaría a la aplicación de la sentencia del TSJC del 25%, cuyo plazo finaliza este viernes. El tribunal autonómico no estableció la necesidad de cambiar las leyes para que la Generalitat aplique la conjunción lingüística en las aulas de todos los colegios de la región. Y recordó que el español es lengua vehicular en tanto que lengua oficial, como así lo es el catalán, y no porque figure explícitamente, o no, en una norma autonómica.