Las cárceles catalanas rechazan, por ahora, la «semilibertad» para los líderes del 1-O

«Después de un intenso debate y sin unanimidad , la propuesta de clasificación ha sido de segundo grado para los nueve casos», ha señalado Calderó en una rueda de prensa en la que la sala se ha quedado pequeña. El responsable de Medidas Penales no ha querido concretar cómo de divididas han sido las votaciones entre los diez profesionales que componen cada una de las tres juntas, en las que un cargo de la administración catalana tiene voto de calidad pero no decisivo.

Calderó, que forma parte de una Consejería de Justicia en manos de Esquerra, por iniciativa propia, tal vez para protegerse de las críticas de las filas de Junts per Catalunya (JpC), también se ha querido sacudir responsabilidades repitiendo una evidencia: «Las penas las imponen los jueces, la Generalitat no dicta las sentencias, solo le corresponde ejecutarlas». También ha añadido que las prisiones «no son lugares de castigo, sino lugares de rehabilitación».

Ahora, tras la propuesta de las juntas de tratamiento, la secretaría de Medidas Penales de la Generalitat, dependiente de la Consejería de Justicia, en manos de Esquerra, tiene un plazo máximo de dos meses para avalar o no dicha propuesta de las juntas de tratamiento. En todo caso, este pronunciamiento no hará antes de Navidad pero tampoco se se espera que se agote el plazo de estos dos meses.

Las juntas de tratamiento las cárceles donde están presos los líderes del «procés» se han reunido esta mañana para aprobar su propuesta sobre su clasificación penitenciaria en una resolución que la Generalitat y la Fiscalía tendrán que revisar. Para sus decisión, las juntas han tenido en cuenta factores como la conducta en prisión, los hábitos laborales, el apoyo social y familiar o la falta de antecedentes para asignar a los presos uno de los tres grados penitenciarios: el primero, con las medidas de control más restrictivas, el segundo -ordinario- o el tercero, que les permitiría salir a diario y regresar a la cárcel solo a dormir.

Nada en la legislación impide que los líderes del 1-O sean clasificados de entrada en tercer grado -de hecho un 40% de los reclusos sin antecedentes lo son-, pero la larga duración de sus condenas dificultaba que las juntas se decantasen ya por la semilibertad. Aunque los hay, son contados los casos de presos con penas de cárcel de dos dígitos que lo han logrado.

El segundo grado, no obstante, puede flexibilizarse hasta igualar sus condiciones a las del régimen abierto , a través de dos supuestos del reglamento que autorizarían a los presos a salir de la cárcel durante el día, principalmente para participar en actividades de voluntariado o trabajar. De todas forma esta flexibilización, a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario o del 117, no se podría aplicar hasta que la secretaría de Medidas Penales avale dicho segundo grado. El 100.2 no deja de ser una excepcionalidad, pues solo a 472 presos de las cárceles catalanas de una población total de más de 8.000 internos se le aplica.

Después de la primera clasificación de los presos, las juntas de tratamiento deberán revisarla en un plazo máximo de dos meses. Tanto los presos como la Fiscalía tienen la posibilidad de recurrir ante la justicia la decisión que acabe tomando la secretaría de Medidas Penales.