El independentismo catalán se fractura por las fianzas a sus líderes

La división entre Junts y ERC, en este caso, es total, pues aunque comparten la crítica al TdC, al que dedican todo tipo de descalificaciones, los de Carles Puigdemont quieren que sea la Generalitat la que avale las fianzas, incluso con edificios públicos, con el riesgo más que evidente de cometer malversación y prevaricación; mientras que los de Oriol Junqueras, que ostentan la Presidencia autonómica en la plaza de San Jaime de Barcelona, defienden que se reactive la llamada Caja de Solidaridad –instrumento creado por la ANC y Òmnium Cultural en 2017– para que la fianza corra a cargo de donaciones privadas.

Así, está por ver qué estrategia aplica la Generalitat, presidida por Pere Aragonès (ERC), en relación a una cifra (5,4 millones de euros) que renunció a ella como administración afectada durante el proceso de instrucción en el TdC. Marta Vilalta, portavoz de ERC, hizo un llamamiento para poner en marcha una campaña de «solidaridad» y empezar a recoger dinero lo antes posible. «Queremos hacer evidente que hay un pueblo detrás acompañando», destacó, ayer, en rueda de prensa. Vilalta hizo referencia a la llamada Caja de Solidaridad, una iniciativa para hacer frente a las multas, las defensas y la fianzas del 'procés', incluyendo también las consecuencias económicas del 9-N (2014), y que solo en su primer año de actividad recogió más de nueve millones, según sus promotores. «Que el Govern pueda hacer aquello que tiene margen para hacer», dijo Vilalta, que fio la solución del asunto de las fianzas a la solidaridad de las bases del independentismo.

En sentido contrario a Vilalta se expresó la dirección de Junts, que descartó que las colectas sean el mecanismo a utilizar en esta ocasión. Según detalló Elsa Artadi, portavoz de Junts, quien debe responder ante el TdC es el mismo Govern catalán. «Nuestros esfuerzos como partido y como gobierno están centrados en esta estrategia, que es la más segura y que es la que sirve para proteger tanto a los trabajadores como la legitimidad de la Generalitat», señaló Artadi en rueda de prensa. De todas formas, defendió que la Caja de Solidaridad siga recogiendo fondos, pero no para este caso concreto, sino para los demás «represaliados» independentistas.

En esta línea se posicionó la ANC, según informó ayer en un comunicado, si bien hoy concretarán, con Òmnium y los responsables de la Caja de Solidaridad, los pasos e iniciativas que llevarán a cabo en los próximos días. Para la ANC, no tiene sentido que la Generalitat no avale la actuación de los 34 altos cargos (incluidos Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell) pues «actuaron en el ejercicio de sus funciones» y «aplicando las atribuciones y competencias que el Estatuto de Autonomía daba a la institución».

Por lo tanto, para la entidad que preside Elisenda Paluzie, sucesora de Jordi Sànchez y Carme Forcadell, la Generalitat «ha de defender y cubrir hasta el último céntimo de las personas afectadas», porque no hacerlo, asegura la ANC, «sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acción y dejar desamparados a sus cargos». A la espera de conocer los pasos que dará –si los da, finalmente– el Govern catalán, la ANC recordó a ERC que «traspasar la responsabilidad de defender los miembros del Govern a la sociedad civil debilita el movimiento independentista, ya que lo sitúa en una situación de desamparo que incluso puede incentivar un aumento de la represión económica». Y defendió que «la solidaridad de la sociedad civil ha de ser la última trinchera y ha de servir sobre todo para el independentismo de base que no tiene el paraguas de una institución, partido político u organización».

La estrategia de la Generalitat, sin embargo, tiene visos de seguir el camino de la judicialización de la gestión pública y aumentar las querellas. Fuentes letradas expertas en los procesos del TdC consultadas por ABC señalaron a este diario que es imposible que el tribunal acepte un aval de un edificio público, pues no se puede embargar, ni que la administración que debe recibir el dinero gastado indebidamente avale la fianza. «El independentismo retuerce tanto el derecho que acabará con el sentido común», apuntan irónicamente estas fuentes.

Por otro lado, en breve se llevará a cabo la ejecución de la fianza ante el TdC por el 9-N. Los 4,9 millones se afianzaron con dinero de la Caja de Solidaridad e inmuebles personales de los afectados, entre ellos Artur Mas, que como expresidente de la Generalitat de Cataluña percibe una pensión de unos 80.000 euros al año.