La Fiscalía advierte de que será a los directores a los que se les imputará la desobediencia si no aplican el 25% en español

Así consta en el escrito de la Fiscalía, firmado por el propio fiscal superior, Francisco Bañeres, hoy mismo, y consultado por ABC. En el texto se indica que «desde una perspectiva de estricta tipicidad únicamente puede incurrir en delito de desobediencia quien está llamado a cumplir el mandato judicial, y éste en primer término, para el caso concreto de la implementación, ejecución, modificación y adaptación del correspondiente proyecto lingüístico -sin perjuicio de las demás autoridades que en un futuro puedan verse compelidas por el deber de atender los concretos requerimientos judiciales derivados de la firmeza de la sentencia de 16 de diciembre de 2020-, no es ninguno de los denunciados en las presentes diligencias, sino los respectivos directores o directoras de los centros en los que la cuestión pudiera suscitarse».

De esta manera, la Fiscalía apunta a los directores de los centros educativos, que son los primeros garantes de la aplicación de los proyectos lingüísticos, en tanto que responsables de toda la organización de los centros, tal y como señala la Ley de Educación de Cataluña (LEC), según se deriva de sus artículos 14, 91, 94 y 142. Y desmontaría, al menos en parte, la intención de la Generalitat de Cataluña de crear algún tipo de protección jurídica a los directores, que son funcionarios, para que el incumplimiento de la sentencia del TSJC, ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021 al rechazar el recurso de casación de la Consejería de Educación, no tuviera efectos sobre ellos.

Para la Fiscalía, no hay dudas: «Los términos de la sentencia del TSJC son suficientemente claros y explícitos. El mandato que la misma contiene es perfectamente comprensible por sus destinatarios, los cuales, quedan obligados a su cumplimiento en los términos previstos en el artículo 118 de la Constitución así como a arrostrar la responsabilidad derivada de una eventual desatención». La referencia al artículo constitucional es directo: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto».

Estas conclusiones, que podríamos definir como preliminares (en caso de que la sentencia del TSJC no llegue a aplicarse y el asunto obligue a la Fiscalía a pronunciarse), son la consecuencia de la gestión que la directora del centro de Canet hizo tras recibir la decisión del TSJC para el caso de la familia que afecta a su colegio. Fue la directora, y no el consejero autonómico o la directora de los servicios educativos, la que procedió a la modificación parcial del proyecto lingüístico para adecuarlo y adaptarlo a la resolución judicial.

En el mismo texto, igualmente, la Fiscalía ha informado de que los tuits contra la familia de Canet de Mar, que se produjeron a partir del 2 de diciembre cuando se hizo público que el centro Turó del Drac tenía que aplicar el 25 por ciento en español en una de sus aulas y que el proyecto lingüístico había sido anulado por el TSJC (si bien este segundo aspecto ha sido recurrido por la Consejería al Supremo), están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. Para la Fiscalía, en aquellos días se produjeron «execrables actos de linchamiento moral» contra la familia, así como un «atentado contra la seguridad personal y familiar», pues mediante algunos tuits se podrían haber producido los delitos de amenazas y coacciones.

Por último, la Fiscalía ha archivado las denuncias contra Aragonès y Gonzàlez-Cambray por presuntamente haber cometido los delitos de desobediencia y prevaricación. El presidente y el consejero autonómicos habían sido denunciados ante el Ministerio Público por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación Hablamos Español, el sindicato Manos Limpias y un particular. De esta manera, por ejemplo, la Fiscalía no considera delito el envío de una carta por parte de Gonzàlez-Cambray a los directores, en noviembre de 2021 tras la ratificación del Supremo a la sentencia del TSJC, apuntando que no debían hacer «ningún cambio» en los proyectos lingüísticos.