«Estamos preparados para resistir como los padres de Canet»

Jordi López, padre del niño sobre el que impactarán las futuras medidas cautelares, y que tiene un dictamen de necesidades educativas especiales, sabe que su familia podría tomar el relevo a la de Canet y estar en el ojo del huracán político y mediático. Ante la posibilidad, demuestra temple y serenidad. Confía en que cuando llegue el pronunciamiento judicial «los ánimos ya se hayan calmado». «Si no es así –añade en declaraciones a ABC–, estamos preparados para resistir como los padres de Canet. Por un hijo unos padres hacen lo que sea».

López no es primerizo en la lucha por el bilingüismo. En el curso 2020-2021 reclamó ante la Justicia más clases en español para sus dos vástagos, el pequeño, que ahora tiene ocho años y cursa tercero de Educación Primaria, y el mediano –sobre el que impactará la nueva resolución del TSJC–, que entonces cursaba sexto de Educación Primaria. Ambos eran alumnos de la Escuela Sant Jaume de la localidad barcelonesa cuando la familia inició la reclamación.

Los tribunales le concedieron a finales de julio de 2021 el 25 por ciento de clases en español –es decir, una asignatura no lingüística– para ambos y dieron al centro un mes para aplicarlas. El TSJC resolvió también en su auto que todas las comunicaciones del centro educativo llegaran a la familia redactadas al menos en castellano, otra de las peticiones que incluyeron en su demanda ante los tribunales.

En el caso del mediano, que ya había abandonado la etapa de Educación Primaria, las medidas cautelares llegaron tarde porque el alumno cambió de centro para cursar la ESO, por lo que la familia tuvo que arrancar de nuevo el proceso. Ahora, la Justicia volverá a dictar medidas cautelares en respuesta a su demanda, que confían en que al igual que las primeras sean favorables a su petición.

Jordi destaca «lo especial» de su caso. «Mi hijo es un niño con un dictamen de necesidades educativas especiales. Por eso reclamamos que pueda escolarizarse en su lengua materna porque los especialistas nos han dicho que avanzaría mucho más», explica. La familia lo reclamó primero al centro, pero la dirección les dijo que no podía ser, alegando que «la lengua vehicular de la escuela es el catalán» y no podían alterar el modelo lingüístico.

«Cuando expusimos nuestro caso todos empatizaron con nosotros pero luego la realidad fue distinta», señala el padre. Tras el portazo de la escuela, Jordi y su esposa, Andrea, de nacionalidad argentina, decidieron acudir a los tribunales, que resolvieron de forma positiva en un primer pronunciamiento y que ahora, al cambiar el niño de centro, volverán a pronunciarse sobre el caso.

En esta cuenta atrás para el nuevo dictado de los tribunales, Jordi y Andrea han visto con «tristeza» y «preocupación» el acoso a la familia de Canet. «Nos parece cruel que se esté señalando de esta forma a unos padres por pedir algo a lo que tienen legítimo derecho», dice el padre que, además, les envía ánimos. «No es lógico que por pedir algo que es legal te machaquen. Desde aquí mi apoyo a los padres. Todo lo que les ha pasado me parece una burrada, sobre todo que vaya el consejero a hacerse una foto al centro y avive el conflicto», señala Jordi López. Él y su esposa esperan no verse en la misma tesitura pero están dispuestos a seguir al pie del cañón con sus reivindicaciones.

El caso de Canet no les amedrenta para seguir en sus demandas a favor de la educación de sus hijos. «Uno por sus hijos se rompe la cara. Lucha hasta el final, sobre todo si sabe que con su lucha va a ayudarle», afirma Jordi, que es concejal de Ciudadanos en esta localidad de la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona). «Aquí, la realidad política parece diferente a la de Canet, donde hay más independentistas», señala. Lo que acabe pasando si se pone a su familia en el disparadero será, según apunta, «fruto de la responsabilidad de políticos e instituciones que están moviendo hilos con fines solo partidistas».

La Justicia concedió en septiembre de 2021 el 25 por ciento en castellano para el hijo menor de Jordi López, de ocho años. Sin embargo, este padre duda de que se apliquen las medidas cautelares. «El libro de Matemáticas, la materia elegida para cumplir con la cuota, está en catalán», afirma. Le consta, porque así lo dijo la dirección, que desde el centro se harían equilibrios para cumplir el porcentaje. Jordi reprocha al equipo directivo su actitud. «Cuando notificó a las familias que tenía que cumplir en el aula de mi hijo ese porcentaje, una madre le preguntó al director: '¿Si se va el niño se acaba el problema?'. Y éste le reconoció que 'sí'. Es intolerable que se plantee un derecho legal como un problema y se busque la complicidad de los otros padres», denuncia.