El acuerdo por la lengua tampoco cohesiona al independentismo

Ahora, ERC y Junts junto al PSC y los comunes han acordado una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia «sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria» que define el catalán como «lengua vehicular» en las aulas catalanas y de la que desaparece la definición del español como «lengua de aprendizaje» , como sí aparecía en el primer redactado. Sin embargo, el camino hasta el pacto de esta semana no ha sido para nada fácil. Y es que a priori parecía listo hace dos meses pero entonces, ocho horas después de que se exhibiera el pacto a cuatro, Junts se desdijo al no aguantar la presión de entidades independentistas y de parte de la comunidad educativa.

El acuerdo final, que llegó este martes «in extremis» , tampoco es que haya calmado las aguas totalmente. La muy subvencionada Plataforma per la Llengua, por ejemplo, rechaza el acuerdo porque, denuncia, no se ha consensuado con la entidad y porque entiende que al hablar del castellano como «lengua curricular» el Gobierno puede llegar a exigir un 50% de castellano en las aulas. Pese a aplaudir que el anterior texto de reforma de la Ley de Política Lingüística haya quedado aparcada, lamenta lo que considera una «alternativa peligrosa».

La plataforma 'Pública i en català' formada por sindicatos docentes, tampoco ve el acuerdo con buenos ojos por ser, a su parecer, un «aval político a la sentencia del 25%» de castellano en las aulas que puede representar «el fin de un modelo que persigue la cohesión y el derecho de todo el alumnado a tener acceso a la lengua catalana». La medida «abre la puerta a que la presencia del catalán y el castellano venga determinada por los centros educativos y agrave la segregación escolar», considera la plataforma. La única entidad que ha salido en defensa del acuerdo es Òmniun Cultural .

A nivel político tampoco es que la fractura se haya acabado. Por un lado porque la CUP, que debería ser uno de sus firmes impulsores, se ha desmarcado en todo momento de las negociaciones para fraguar la respuesta desde el Parlament. Los anticapitalistas rechazan el acuerdo porque «introduce el castellano como lengua vehicular» y por ello creen que va « en contra de la inmersión introduciendo el castellano como lengua vehicular». «Han mareado a todo el mundo para acabar pactando lo mismo», se quejaba sobre las cuatro formaciones recientemente la CUP desde su cuenta de Twitter.

Durante el debate de este miércoles en el Parlament, la CUP ha insistido en criticar el acuerdo. Su líder, Dolors Sabater, ha acusado a los grupos negociadores de adaptar la legislación a la sentencia del 25%. « Quien legisla no somos los diputados y diputadas, son los miembros del TSJC», ha denunciado.

Además de la CUP, Vox, Cs y PP han sido tajantes contra el pacto lingüístico. Joan Garriga, de Vox, lo ha calificado de «pacto tramposo», mientras que desde Cs, Carlos Carrizosa ha afeado que el PSC sea «cooperador necesario del nacionalismo» para impulsar una ley que consideran un atropello. En una línea similar, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha avisado a los socialistas de que están «a escasos minutos de dar un paso que no tiene retorno, de sumarse a las astucias separatistas para evitar cumplir la ley».

El PSC, por su parte, se ha intentado defender de los ataques. Primero, en una etnrevista en Onda Cero, donde su líder Salvador Illa ha defendido que el castellano es «vehicular» con el nuevo acuerdo ya que como mínimo deberá implatnarse un 25% de las clases en esta lengua. Más tarde, en el pleno la diputada socialista Esther Niubó se ha congratulado por haber conseguido una propuesta que supone un paso muy importante para tratar al castellano de manera distinta a una lengua extranjera.  

En el pleno del Parlament de este miércoles se ha aprobado la tramitación por la vía de urgencia y por lectura única con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Junts y comunes y con el ‘no’ de Vox, CUP, Cs y PP. Durante la jornada de hoy se ha abierto un plazo de enmiendas y el debate final de la proposición de ley se celebrará el viernes al mediodía.