Unas 5.000 personas se manifiestan en Barcelona contra los alquileres abusivos

La marcha ha arrancado a las 18 horas en Jardinets de Gràcia y ha descendido por la calle Pau Claris hasta la plaza Catalunya, y en ella se han escuchado proclamas como «Ni un paso atrás contra Blackstone», «El único terrorista es Idealista», «No son suicidios son asesinatos», «Se van a acabar las fianzas por alquilar», y «Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa».

La marcha la ha encabezado una pancarta en la que se podía leer «Basta de alquileres abusivos», y los asistentes también han llevado carteles pidiendo un «Parque de vivienda 100% público ya'¡», «Por la aplicación integral de la 24/2015», y «¿Si hay un salario mínimo, por qué no un alquiler máximo?».

A la protesta han acudido los diputados de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, Susana Segovia y David Cid, y el eurodiputado Ernest Urtasun, así como miembros del colectivo de «Las Kellys», de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) y del Sindicat de Llogaters, entre otras entidades.

Esta iniciativa defiende la necesidad de actuar contra las leyes que «permiten» los desahucios y la especulación con la vivienda, en una jornada que ha contado movilizaciones similares en 35 ciudades de Europa como Madrid o Londres.

Los convocantes han alertado de que en España hubo en 2018 una media de 165 desahucios diarios, uno cada cinco minutos, y han apuntado que Catalunya es la comunidad que los lidera.

La movilización ha exigido medidas políticas fiscales para adecuar los alquileres a las rentas y para que los contratos de alquiler no se puedan terminar de forma injustificada ni unilateral: «Se tienen que renovar automáticamente a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar».

También han exigido se aumente el parque público de la ciudad y que se expulsen los fondos buitres que a su parecer disfrutan de los privilegios fiscales y que el Gobierno «deja que especulen masivamente», o bien terminar con la gestión de las inmobiliarias y que los contratos de alquiler sean gestionados por oficinas de vivienda y el Ayuntamiento.