El TSJC mantiene la acusación a Mas, Rigau y Ortega al cerrar la instrucción del 9-N

El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Joan Manel Abril, ha acordado trasladarlo a las partes para que soliciten la apertura del juicio y presenten los escritos de calificación o pidan el sobreseimiento de la causa, ha informado este martes en TSJC en un comunicado. Mas, pues, sólo se podría librar del banquillo si se retiraran todas las acusaciones, algo totalmente descartable.

En esta causa también es investigado el que fuera consejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, aunque su caso será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo al ser aforado, ya que el 26-J renovó su condición de diputado en el Congreso que consiguió en los comicios del 20-D.

El magistrado ha desestimado la petición de sobreseimiento que habían solicitado las defensas de los investigados por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Abril ha dado así por finalizada la instrucción del caso por la consulta del 9N, a los dos días de las elecciones generales y en vísperas de su cese como magistrado del TSJC , que abandonará el próximo 1 de julio para dedicarse a la docencia como catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y seguir de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra.

En su auto, el magistrado aprecia indicios de que Mas y las exconsejeras desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la consulta del 9-N y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente "en manos de voluntarios". Así, el magistrado razona que, "bajo la cobertura formal de la actuación del voluntariado" , el expresidente catalán Artur Mas y las exconsejeras investigadas sí llevaron a cabo "actuaciones contrarias" a la providencia de suspensión dictada por el TC, y de forma "intencional y consciente" se negaron "abiertamente a dar cumplimiento al mandato" del Constitucional. Entre estas actuaciones, el magistrado señala el "impulsar y promover la construcción e instalación del software (para los ordenadores utilizados para el recuento), la cesión de los centros docentes (como colegio electorales), el traslado de los ordenadores a los puntos de votación y la instauración de un centro internacional de prensa para dar publicidad a los resultados".

En el auto del magistrado del TSJC se acusa a Mas, Rigau y Ortega, indiciariamente, de dos delitos -desobediencia y prevaricación-, y no, en cambio, de malversación de fondos públicos, como también contemplaba Fiscalía en su querella y otras acusaciiones. Curiosamente, el de malversación de fondos públicos es el único de los tres delitos que puede acarrear penas de cárcel , además de inhabilitación, si se demuestra que los acusados se lucraron personalmente con el dinero o si no lo devuelven.

Pese a no contemplar la malversación, el magistrado del TSJC detalla algunos de los gastos públicos generados por la consulta y recoge, por ejemplo, que el entonces consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confirmó, a requerimiento de la justicia, que la consulta tuvo un coste total de unos 1,5 millones de euros .