Reforma administrativa o infierno fiscal

Con todo, desde una perspectiva política el debate ha girado acerca del modelo fiscal. Por un lado, el Presidente Rajoy ha puesto de manifiesto cómo el sector público recauda 20.000 millones de euros menos que al inicio de la crisis, sin que apenas haya bajado el gasto público. Por otro, varios presidentes de Comunidades Autónomas han reclamado una mayor armonización fiscal (naturalmente al alza), acusando a la Comunidad de Madrid de ser un “paraíso fiscal”.

De entrada, es difícil considerar paraíso fiscal a la Comunidad de Madrid, pues si bien es cierto que ha empleado sus competencias normativas en materia tributaria para rebajar algo la presión fiscal la realidad es que también un madrileño trabaja varios meses para el sector público antes de empezar a disfrutar de los rendimientos de su trabajo.

En todo caso la cuestión central no es esa, sino qué modelo fiscal es más respetuoso con la libertad y la iniciativa social, y cuál tiene una capacidad mayor para incentivar el crecimiento. De ahí que se haya echado en falta, junto a la crítica a las bajadas de impuestos, un análisis de cómo han afectado dichas bajadas a la actividad económica; aunque quizá no sea un olvido involuntario, toda vez que el mejor desempeño de Madrid durante la crisis (y la salida de ésta) apunta más bien a lo contrario: donde se respeta la iniciativa privada y se contiene la presión fiscal el dinamismo económico es mayor.

Junto a este debate, debería abordarse la cuestión de las duplicidades administrativas, pues cuadrar las cuentas requiere prestar atención, además de a los ingresos, a los gastos. En este sentido, durante la legislatura pasada el Gobierno creó la Comisión par a la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA); pues bien, en su informe la CORA no sólo dio cuenta de las numerosas duplicidades que hay en nuestro sistema y cuantificó el ahorro que su supresión podría producir, sino que resaltó que para ello era necesario que actuaran las Comunidades Autónomas. Al fin y al cabo, en un sistema de autonomía constitucionalmente garantizada el Gobierno central no puede imponer a las CCAA determinadas reformas administrativas, por muy sensatas que sean.

Por este motivo, la Conferencia de Presidentes debería haber abordado también qué acuerdos pueden ser necesarios para prestar los mismos servicios a los ciudadanos suprimiendo al tiempo todos aquellos organismos superfluos, a fin de poder cumplir los objetivos presupuestarios sin tener que subir los impuestos.

En los últimos años la sociedad española ha hecho un gran esfuerzo. No estaría mal que las Administraciones, teóricamente a nuestro servicio, hagan también el suyo.

Pablo Nuevo es doctor en Derecho y profesor de la UAO CEU