La Guardia Civil señala al número 2 de Junqueras como responsable de garantizar locales para el 1-O

Así se detalla en un informe, al que ha tenido acceso Efe, que figura en el sumario de la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra los preparativos del 1-O, por la que el pasado 20 de septiembre fue detenido Jové, entonces secretario general de Vicepresidencia, junto a otros altos cargos del Govern.

Según el informe, uno de los «pilares» que el gobierno catalán necesitaba «afianzar» para llevar a cabo el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, era lograr la colaboración de los alcaldes de Cataluña, para que ofrecieran sus locales para la instalación de los colegios electorales.

«Esta misión también recae bajo la responsabilidad directa de Josep Maria Jové como soldado de la maquinaria independentista», sostiene la Guardia Civil en su informe, entregado al juez seis días antes de que el magistrado ordenara la detención de este alto cargo.

La Guardia Civil tenía el teléfono de Jové pinchado, porque le investigaba también como uno de los responsables de localizar locales e inmuebles en los que almacenar y después distribuir el material logístico necesario para la celebración del referéndum.

A partir de las escuchas telefónicas, la Guardia Civil concluye que Jové estuvo «totalmente involucrado» a la hora de supervisar y conseguir que el referéndum del 1-O contara con todos los locales necesarios donde establecer las mesas electorales y que una de sus principales interlocutoras era la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Una de sus principales preocupaciones era lograr el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau (BComú), ante lo que los organizadores del referéndum barajaron dos escenarios posibles: uno contando con la colaboración del consistorio y otro en el que tendrían que buscar locales alternativos.

En una conversación del pasado 5 de septiembre, Rovira advirtió a Jové de que el partido de Colau estaba «provocando una guerra para evitar llegar a un acuerdo», aunque afirmaba que todavía había tiempo para alcanzar en la fecha límite que se habían fijado, el 7 de septiembre, al día siguiente de la aprobación en el Parlament de la Ley del Referéndum.

Tras la aprobación de la Ley del Referéndum, el expresidente Carles Puigdemont -actualmente huido a Bélgica- y el exvicepresidente Junqueras -en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional- enviaron una carta a todos los alcaldes pidiendo su colaboración para que prestaran locales para la votación, ante lo que fue el propio Jové quien hizo el seguimiento de las respuestas.

Finalmente, la alcaldesa Ada Colau acordó con Puigdemont que el Ayuntamiento de Barcelona garantizaría la participación en el 1-O, aunque como tal no abriría locales municipales, si bien algunos de ellos acabaron siendo usados para la votación.

En otra de las conversaciones a intervenidas a Jové, en este caso con el exconseller de Justicia Carles Mundó -actualmente en prisión- le decía el pasado 23 de agosto que tenía para él «un marrón» que le había caído encima, porque le tenía que encargar que fuera a hablar con varios alcaldes.

«Tienes trabajo, la semana que viene», le avisó Jové, a lo que Mundó le preguntó: «¿de buen hacer o complicado?». «Bueno, uf, pérdida de tiempo", terció Jové, que detalló: "Visitar territorio y hablar con gente, ya te lo explicaré, ideas de bombero del calvo ¿eh?... cosas que nos están acabando de 'enmerdar', he intentando ahorrarte trabajo, pero no lo he conseguido».

Las gestiones que llevaba a cabo Jové las hacía con el máximo secretismo, hasta el punto que pidió a una de sus colaboradoras que le mandara la lista de puntos de votación de Lleida en un mensaje de Telegram con destrucción en segundos o que en varias de sus conversaciones intervenidas emitiera comentarios como: «no hablemos», «hablaremos por vía segura», «no hablemos más», «eso lo no hablemos por aquí».