En dicho texto, el Govern se limita a desgranar el preacuerdo alcanzado este jueves entre PSC, comunes, ERC y Junts, para modificar la Ley de Política Lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje, si bien Junts se descolgó del pacto a última hora del jueves .
Es decir, el Ejecutivo catalán busca convencer a la Justicia de la aplicación del castellano en las aulas, pero huyendo del porcentaje fijado en el fallo de diciembre de 2020, que luego ratificó el Supremo. Para ello, también ha informado la Sala de los Contencioso de que se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo «de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo», y catalán y castellano estarán contemplados en los proyectos de cada centro.
Además, Educación transmite al TSJC de que se ha encargado a la Universidad de Barcelona (UB) una encuesta sobre la realidad sociolingüística de los centros porque los últimos estudios «señalan un descenso progresivo» del uso del catalán, incluso el informe del Síndic de Greuges.
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