Abandona el PSC y el acta de edil de l’Hospitalet quien denunció la presunta corrupción en la gestión del deporte

La misiva de Graells a Illa describe lo que de hecho supone una versión a la catalana de la omertá siciliana , ese código de honor que prohíbe informar sobre las actividades delictivas de la familia mafiosa. El alertador de la presunta corrupción arroja la toalla de su actividad política tras décadas de militancia, después de que la fiscalía pidiese el archivo de la causa contra la alcaldesa de l’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona , Núria Marín, aunque todavía sigue en pie la acusación popular, encabezada por el grupo municipal de los Comunes y ERC.

En la carta, revelada por la publicación local Districte7, Graells comunica a Illa que «la actitud de la dirección del PSC -empezando por su primer secretario- vulnera gravemente los protocolos de cumplimiento normativo aprobados en el último congreso», refiriéndose a la protección del alertador de malas prácticas internas entre la militancia y cargos públicos. En este sentido, denuncia que «cada vez son más las personas implicadas con un PSC corresponsable por acción o por omisión» en este caso que mantiene encausadas a 19 personas, en su mayoría militantes del PSC, y que se ha extendido al municipio vecino de Cornellà.

El dimisionario socialista recuerda a Illa que compartió con Núria Marín el 4 de febrero de 2020 sus sospechas sobre la ilegalidad de las prácticas en el Consejo Deportivo de la ciudad y le aportó todas las pruebas, así como de la ilegalidad de la indemnización de 47.000 euros por un falso despido de Cris Plaza , uno de los tres implicados y directivos de esa organización paramunicipal. La fraudulenta indemnización se convirtió en una pieza separada del caso de presunta corrupción y ha supuesto la dimisión, el pasado 20 de julio, de Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC de l’Hospitalet, tras la petición de juicio oral por parte de la fiscalía, que pide más de 4 años de prisión para él porque firmó el despido irregular, y para Cris Plaza, el beneficiario de esta indemnización y que fue el primero que dimitió como concejal en 2020.

Graells lamenta en la misiva con la que hace pública su baja política e institucional que «pese a que hice lo que se tenía que hacer desde el primer momento, pese a que fui leal a la alcaldesa a quien, como mi superior, le hice saber todas las irregularidades que había detectado con aportación de pruebas objetivas »… a pesar de todo eso «la respuesta que he obtenido ha sido lamentable, porque desde el primer minuto sentí cómo se traicionaba mi confianza y se daba credibilidad a la versión de quienes habían cometido las irregularidades, apoyándoles mientras a mi se me condenaba al ostracismo».

En la carta, el hasta ahora concejal socialista de la segunda ciudad de Cataluña relata con todo lujo de detalles las presuntas irregularidades con aportación de pruebas que explicó a Núria Marín en su reunión del 4 de febrero de 2020, como por ejemplo actos de asambleas «falsificadas» para la obtención de subvenciones públicas del Ayuntamiento de l’Hospitalet y del Consejo Catalán de Deportes de la Generalitat . En estas actas se incluían unos presupuestos y cierres de ejercicios en algunos casos superiores a más de 400.000 euros de diferencia respecto a las reuniones efectivamente celebradas.

En el listado de reproches sobre la gestión dentro del ente deportivo que recoge la citada carta, Graells también habla de una «contabilidad de la caja interna con cientos de pagos en efectivo por todo tipo de servicios sin declarar en ningún caso a Hacienda o a la Seguridad Social», además de « hojas de pagos y dietas donde se constatan presuntamente todo tipo de malas prácticas: gastos personales totalmente injustificados, dobles retribuciones, pagos por servicios sin concretar horas o dedicación, pagos de multas, bares de copas».

Por ese caso que Graells denunció, primero a la alcaldesa y luego ante el Juzgado, Núria Marín está imputada (investigada) y fue detenida el 10 de diciembre de 2020 por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y depositó su teléfono móvil. Fuentes policiales indican en sus informes que las conversaciones de WhatsApp que mantuvo Núria Marín tras comunicarle las irregularidades su entonces compañero de gobierno, Jaume Graells, constituyen pruebas de que la alcaldesa no actuó, como mínimo, con la diligencia que una autoridad está obligada a desempeñar ante la comisión de delitos.

Además de la alcaldesa, hay casi 20 imputados más , en su gran mayoría militantes del PSC, como denuncia Graells en su misiva a Illa. Pero también figura, Gerad Figueras, secretario de Deporte de la Generalitat, de Junts, formación con la que Núria Marín mantiene un pacto para presidir la Diputación de Barcelona. También está investigada la interventora municipal, la jefa del gabinete de la alcaldía, el dimitido segundo teniente de alcalde del ayuntamiento y primer secretario del PSC de l’Hospitalet, Cristian Alcázar, y el exconcejal de Deportes y expresidente del Consell Esportiu, Cristóbal Plaza, además de varios empleados del mismo organismo.

Según la magistrada instructora del caso, una vez el denunciante Graells destapó internamente esta supuesta trama a la alcaldesa, los investigados se pusieron presuntamente de acuerdo para intentar ocultar los hechos y evitar su descubrimiento, «orquestando» junto a Gerard Figueras y Núria Marín «una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación» de los implicados. Para la Policía, de lo investigado hasta el momento se desprenden indicios de que, en su actividad «aparentemente ilícita», los investigados habrían contado con la «connivencia» de otras personas, entre ellas la alcaldesa Marín, quien «habría favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento» a la entidad gestionada por los investigados.

Según la instrucción judicial, la alcaldesa Marín ayudó a los investigados a evitar que «su actividad aparentemente ilícita pudiera ser descubierta, manteniendo una conducta omisiva y pasiva cuando un miembro de la entidad que ostentaba también la condición de teniente de alcalde del Ayuntamiento (Graells) le trasladó de forma directa los hechos cometidos por los investigados». Así lo sostuvo la juez en un auto del 22 de diciembre de 2020 en que autorizó el acceso, examen y análisis del contenido del teléfono móvil de la alcaldesa, diligencia que se practicó ese mismo día, según citaba la agencia Efe.

La transparencia es uno de los pilares de la lucha contra la corrupción. Pero quienes contribuyen a hacerla posible suelen ser represaliados. Son los alertadores, ciudadanos testigos de actos inmorales o ilegales que tienen el coraje de denunciarlos. La figura del alertador está protegida por la Unión Europea mediante una directiva. Los alertadores son valientes porque van a favor del bien común desatendiendo los consejos de callar. Son altruistas porque llegan a perder el empleo por el mero hecho de comunicar irregularidades y les tratan como ovejas negras en ambientes que se tornan envenenados. En EEUU, si se logra recuperar el dinero público, se premia a los alertadores con el 2% de lo rescatado.

A la lista de alertadores de la fama de Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, Hervé Falciani, Antoine Deltour o Stéphanie Gibaud, se unen en nuestro país Simona Levi (tarjetas black) y Joan Llinares e Itziar González (hotel del Palau de la Música), entre otros. El ya ex concejal del PSC de l’Hospitalet Jaume Graells ha sido el último.