La Fiscalía pide archivar la investigación a Núria Marín por el Consejo Deportivo de Hospitalet

El informe del fiscal, consultado por Europa Press, afirma que con lo investigado ahora «no hay un solo dato que permita deducir» que Marín actuó de manera ilegal.

En concreto, el fiscal descarta que Marín omitiera trámites en expedientes de subvenciones -y recalca que no tiene competencia sobre ellas- ni que adoptara ninguna resolución en estas gestiones.

Recuerda que en la denuncia que originó la causa «en momento alguno se hace referencia» a la posible participación de Marín, y que fue con la investigación ya más avanzada que se le atribuyó un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, por supuestamente no haber actuado cuando la alertaron de un presunto caso de corrupción en el Consell.

Sin embargo, a raíz del análisis del teléfono de Marín , el fiscal señala que las conversaciones que mantuvo demuestran que después de que la avisaran de posibles anomalías en las subvenciones del Consell organizó reuniones, pidió explicaciones a los denunciados y encargó una auditoría para esclarecerlo.

Por eso, el fiscal concluye que «la actitud, comportamiento y decisiones adoptadas por la investigada no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total», como debería darse para atribuirle un delito.

El fiscal señala, al contrario, que Marín actuó «cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas» y no ve indicios para sostener que no cumpliera con su obligación de perseguir un delito.

Lo argumenta afirmando que Marín «actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación».

Recuerda el fiscal que el informe de la Policía en esta causa sí ve indicios de presunta prevaricación y malversación , «alegando como único motivo el hecho de que su condición de alcaldesa le convierte, en consecuencia, en la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento».

El fiscal considera «excesivo» usar este argumento y critica que esto supondría convertir a cualquier alcalde en blanco, en sus palabras, de las denuncias o querellas contra cualquier funcionario local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario.