El TEDH admite los recursos de los condenados por el 'procés' y revisará la sentencia del Supremo
El tribunal reclama a España que responda las cuestiones pertinentes para dirimir si se vulneraron los derechos fundamentales de los independentistas
Sánchez, Rull y Turull piden al Supremo que anule sus condenas como paso previo para acudir al TC
Siete de los nueve condenados por el 'procés', tras salir de prisión
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite los recursos de los nueve condenados por el 'procés' y revisará así el fallo del Tribunal Supremo que les impuso hasta 13 años de prisión por sedición, malversación de caudales y ... desobediencia. Además, la justicia europea emplaza a España a responder a las cuestiones planteadas por los independentistas para dirimir si se vulneraron sus derechos fundamentales. El plazo para atender el requerimiento es hasta el 12 de enero de 2024.
El TEDH ya había admitido la demanda contra España de dos de ellos, Jordi Turull y Jordi Sànchez, por vulneración de derechos políticos. Ahora, la justicia europea revisará las penas de los nueve condenados -además de los citados, también Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Oriol Juqueras y Joaquim Forn-, que luego fueron indultados -y por tanto, excarcelados- por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Después, el Ejecutivo, junto a ERC, promovió la reforma exprés del Código Penal para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación, por lo que el fallo tuvo que adaptarse. Así, los que habían sido condenados por sedición, vieron como esa pena pasó a ser desobediencia, pese a que el tribunal mantuvo la malversación, y por ello siguen inhabilitados. Así, después de que el Constitucional tumbase sus recursos, recurrieron ante el TEDH.
En sendas quejas ante la justicia europea, los condenados han reprochado la «amplia e imprevisible interpretación» por parte del Supremo de los delitos de sedición y/o malversación de fondos. También alegaron que la condena por sedición vulnera sus derechos -artículos 5 y 7 del convenio europeo- al considerar que «simplemente habían alentado a la gente a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia en Cataluña y participar en el referéndum» del 1-O, para pronunciarse sobre dicha cuestión.
Ahora, en base a lo alegado por los independentistas, la justicia europea pide al Gobierno que explique, entre otras cuestiones, si considera que el Supremo hizo una interpretación extensiva de los delitos de sedición y malversación. También pide que el Ejecutivo se pronuncie sobre otro de los argumentos de los demandantes, que sostienen que se les condenó por ejercer el derecho de asociación y de libertad de expresión.