El TEDH admite los recursos de los condenados por el 'procés' y revisará la sentencia del Supremo

El TEDH ya había admitido la demanda contra España de dos de ellos, Jordi Turull y Jordi Sànchez, por vulneración de derechos políticos. Ahora, la justicia europea revisará las penas de los nueve condenados -además de los citados, también Josep Rull, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Oriol Juqueras y Joaquim Forn-, que luego fueron indultados -y por tanto, excarcelados- por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Noticia Relacionada

El TEDH admite las demandas de Turull y Sànchez contra España por vulneración de derechos políticos

Elena Burés

La Abogacía del Estado tiene de plazo hasta el próximo 1 de septiembre para contestar al tribunal

Después, el Ejecutivo, junto a ERC, promovió la reforma exprés del Código Penal para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación, por lo que el fallo tuvo que adaptarse. Así, los que habían sido condenados por sedición, vieron como esa pena pasó a ser desobediencia, pese a que el tribunal mantuvo la malversación, y por ello siguen inhabilitados. Así, después de que el Constitucional tumbase sus recursos, recurrieron ante el TEDH.

En sendas quejas ante la justicia europea, los condenados han reprochado la «amplia e imprevisible interpretación» por parte del Supremo de los delitos de sedición y/o malversación de fondos. También alegaron que la condena por sedición vulnera sus derechos -artículos 5 y 7 del convenio europeo- al considerar que «simplemente habían alentado a la gente a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia en Cataluña y participar en el referéndum» del 1-O, para pronunciarse sobre dicha cuestión.

Ahora, en base a lo alegado por los independentistas, la justicia europea pide al Gobierno que explique, entre otras cuestiones, si considera que el Supremo hizo una interpretación extensiva de los delitos de sedición y malversación. También pide que el Ejecutivo se pronuncie sobre otro de los argumentos de los demandantes, que sostienen que se les condenó por ejercer el derecho de asociación y de libertad de expresión.