El padre de la menor vendida en Cataluña mintió a la Guardia Civil y aseguró que la niña estaba en Rumanía

De nuevo, la colaboración ciudadana fue clave, en este caso, para dar con la menor. Y es que fue un hombre quien, al ver a una niña mendigando en plena calle, en Les Borgues Blanques, alertó a los Mossos d'Esquadra. Al personarse en el lugar, comprobaron que sobre ella existía la citada alerta Schengen y así, la labor de ambos Cuerpos policiales se saldó con cinco detenidos, mientras que la menor pasó a estar bajo el amparo de la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Entre los arrestados, sus padres, y el individuo de 21 años con el que la habrían forzado a casarse, acusados de un delito de trata de seres humanos con finalidad de matrimonio forzoso y mendicidad. Tras pasar a disposición del juzgado de Tudela, este decretó el archivo provisional del caso, y quedaron en libertad, después de que los arrestados se acogiesen a su derecho a no declarar y que la víctima negase los hechos. Por este motivo, la menor dejó de estar tutelada, y volvió con sus progenitores.

En su auto, consultado por este diario, consta que en sede judicial la menor sostuvo «con contundencia» que en ningún caso sus padres la habían obligado a casarse con el individuo de 21 años. Indicó también que residía voluntariamente en Lérida con el permiso de estos, e incluso afirmó que las fotografías que aportó la testigo, y que estaban publicadas en un perfil de Facebook, correspondiesen a una boda, sino que correspondían una «celebración familiar». También negó que la obligasen a pedir limosna en plena calle. Estos fueron los motivos que desembocaron en el archivo del caso, pese a los indicios recabados por los investigadores, y que ahora la Fiscalía, según han confirmado a ABC desde el Ministerio público, estudia recurrir.

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La resolución no considera suficiente el testimonio de la mujer que dio inicio a las pesquisas, pese a que relató que había sido la propia madre de la víctima quien le había explicado su intención de venderla, «para casarla con otra familia de gitanos rumanos». Primero por 10.000 euros, aunque finalmente habrían sido 5.000 euros. El juzgado considera que dicho testimonio es de «mera referencia» -no tiene prueba alguna de lo que afirma- y, por tanto, «con residual valor probatorio».

Así, «no habiéndose podido ratificar los hechos descritos en el atestado policial a través del testimonio esencial de la víctima, no puede tenerse por indiciariamente acreditados los hechos denunciados, cuando no concurren otros elementos que corroboren periféricamente el atestado policial», concluye el auto.