Pacto para aislar a Vox y Aliança Catalana en el futuro Parlament

El acuerdo, impulsado por la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme, ha sido rubricado por representantes del PSC, ERC, Junts, la CUP y Comunes, compromete a los partidos firmantes a mantener a los grupos políticos liderados por Vox y Aliança Catalana -partido este último al que encuestas recientes le dan hasta seis diputados, es decir, con posibilidad de tener grupo propio- al margen de cualquier negociación, tanto de investidura como de gobierno. Este acuerdo, no obstante, no impediría que, aún sin negociación, el partido de Sílvia Orriols llegase a apoyar una investidura de Puigdemont, a quien, como dijo la líder de Aliança en 'La Razón' el martes, estarían dispuestos a dar «una segunda oportunidad».

El mismo acuerdo firmado esta mañana compromete a los partidos a establecer «los acuerdos necesarios para impedir la presencia de la extrema derecha en la Mesa del Parlamento, las mesas de las comisiones, en la coordinación de los intergrupos y en la relatoria de los grupos de trabajo. Así como evitar que la presentación de ponencias colegiadas recaiga sobre cualquier diputado o diputada de formaciones de extrema derecha». Se trata de extender a Aliança Catalana el veto que ya sufre Vox en la Cámara Catalana.

Del mismo modo, los partidos establecerán los «acuerdos necesarios para evitar, siempre que sea posible, la presencia de las formaciones de extrema derecha en los nombramientos que el conjunto institucional de la Generalitat —el Parlamento de Cataluña, el Gobierno, e instituciones como Sindicatura de Greuges, Consejo de Garantías Estatutarias, Sindicatura de Cuentas, Consejo Audiovisual…— tiene potestad estatutaria, legislativa y/o ejecutiva por realizar. Esto incluye la representación del Parlamento en los foros que correspondan y, específicamente, las y los senadores de designación territorial».

«No normalizaremos ni legitimaremos la acción política de formaciones de extrema derecha. Por eso, no suscribiremos ninguna iniciativa parlamentaria conjunta con estas formaciones y evitaremos que prosperen sus iniciativas», añade el acuerdo, que establece la creación de una comisión integrada por los partidos firmantes para hacer seguimiento. El objetivo último, «limitar la capacidad de la extrema derecha de abusar de los espacios democráticos para fomentar el odio y minar la propia democracia».