Puigdemont anuncia su viaje de vuelta a España: «Tengo que estar y quiero estar»

Para recibir al expresidente autonómico fugado desde hace casi siete años, Junts, el Consell de la República, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han convocado para mañana a las 09.00 horas, una hora antes del inicio del pleno para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, en el paseo de Lluís Companys de Barcelona, es decir, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y cerca del Parlamento autonómico, una «recepción institucional». «Mañana te recibiremos con los brazos abiertos en casa después de un largo e injusto exilio», señalan desde Òmnium.

«En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario e irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática», ha señalado en el vídeo, en el que ha denunciado que tanto él como el diputado Lluís Puig no puedan «asistir libremente» al pleno de investidura. Sobre Puigdemont aún pesa una orden de detención nacional, al rechazar el Tribunal Supremo aplicar la amnistía al delito de malversación.

En su mensaje, el 'expresident' se ha dirigido también al Supremo, al que ha acusado de haberse «bunquerizado» en una «actitud de rebeldía». «Este desafío debe ser contestado y confrontado y por eso he emprendido el viaje de regreso desde el exilio. Estoy convencido de que no hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión política», ha añadido. Un fin, ha continuado, «que está contemplado en la letra y el espíritu de la ley de Amnistía», que es «de obligada aplicación».

En esta línea y ante la situación del Alto Tribunal, ha señalado que «no podemos callar» y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y al «futuro» ejecutivo de Illa de mirar para otro lado. «No parece que al Gobierno español le inquiete mucho [mi situación y posible detención] y al futuro Gobierno de Cataluña le resultará igual de indiferente», ha dicho, antes de defender que la situación, «una anomalía», no debería interpelar solo a los independentistas sino a todos los «demócratas».

Las palabras de Puigdemont se han hecho públicas solo unos minutos después de que la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña aprobase la convocatoria del pleno de investidura de Illa para mañana a las 10.00 horas. Todos los grupos menos el PP y Vox (que se han abstenido) ha votado a favor de la propuesta de Josep Rull, presidente de la Cámara autonómica, que en una entrevista en 'Vilaweb', hoy, ha advertido de que si se detiene a Puigdemont y no puede acudir a la investidura no aceptará que el pleno se desarrolle con normalidad.

La primera de las incógnitas es el lugar físico en que se procederá a la detención, puesto que dentro del Parlament está descartado que se acometa, informa Isabel Vega. En primer lugar, porque ya el presidente de la cámara, Josep Rull, tiene advertido que los diputados cuentan con una especial protección mientras se desarrollan los plenos. Y en segundo, porque la escena de fuerzas de seguridad irrumpiendo en la sede del legislativo catalán está completamente descartada. Presumiendo así que la detención se acometiese a su entrada o a su salida, comienza oficialmente el periplo judicial de Puigdemont.

Se abren dos alternativas, que los Mossos le pongan a disposición del juzgado de Barcelona que esté de guardia para atender a detenidos en la jornada del jueves, lo que suele ser habitual en casos de detenciones en partidos judiciales distintos de aquel donde reside el procedimiento; o que procedan a un traslado inmediato a Madrid para que la puesta a disposición lo sea directamente ante el instructor del caso, Pablo Llarena, del Tribunal Supremo. Esta opción sería perfectamente plausible porque a diferencia de los asuntos de rutina, con Puigdemont es notorio y conocido quién es el magistrado que está al frente de la causa.

Si la puesta a disposición lo fuese ante un juez de guardia de la Ciudad Condal, este reseñaría al detenido, podría ofrecerle prestar declaración y luego, se inhibiría al Tribunal Supremo, adonde sería trasladado Puigdemont a continuación pues es donde residen sus diligencias. Cabe la posibilidad de que el expresident invoque un 'habeas corpus', figura jurídica que acelera la comparecencia ante un juez que legalice la detención. En este caso, ya hay un juez que ha legalizado antes esa detención, que responde a una orden en vigor con su correspondiente requisitoria de ingreso en prisión, por lo que la maniobra sólo serviría para intentar acortar el camino al Tribunal Constitucional recurriendo en amparo la inadmisión de plano de sus pretensiones.

Hasta hace relativamente poco, era necesario plantear una nulidad contra esa inadmisión antes de acudir en amparo, pero en 2021 la doctrina del Tribunal Constitucional cambió, por entender que ese paso previo dilataba los plazos y hacía que el habeas corpus, que al final es invocar el derecho fundamental a la libertad, perdiese su sentido. Aquella sentencia, que daba la razón a un detenido en Badajoz, estableció que ese incidente previo no era preceptivo en estos casos.

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Aún así, no son pocos los penalistas que vienen reclamando medidas alternativas al amparo para recurrir las denegaciones del habeas corpus porque al final, sí se dilatan los plazos y entre que se interpone, se admite y se resuelve, se puede ir a más de un año la tramitación del recurso en el TC. En el caso de Badajoz, el auto que rechazaba de plano la alegación se firmó el 9 de noviembre de 2019 y la resolución del recurso se publicó en el BOE en marzo de 2021.

Una respuesta más célere del órgano constitucional en este caso generaría honda controversia. Al cierre del primer semestre de 2024, el TC tenía 3.557 recursos de amparo pendientes de decidir la admisión, según sus propias estadísticas, y de los más de 5.000 que están ingresados en el órgano de garantías, 229 lo son en invocación del derecho a la libertad.

En todo caso, Puigdemont acabará ante Llarena. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, la previsión es que sea físicamente y no por vía telemática pues se entiende que no hay razones para hacerlo de ese modo. Cabe recordar que el ordenamiento jurídico permite mantener a una persona detenida hasta un máximo de 72 horas antes de pasar a disposición judicial, hay margen para un traslado. Ya en Madrid, el juez Llarena convocaría una vista a la que asistirían la Fiscalía, la defensa de Puigdemont y la acusación popular que ejerce Vox en este caso. Se tomaría declaración al expresident, que podría hablar o acogerse a su derecho a no hacerlo, y después, se celebraría una vista de medidas cautelares en la que todo apunta a que la formación que lidera Santiago Abascal, instará prisión provisional.

Este es el horizonte más plausible habida cuenta del riesgo de fuga y la pendencia de un juicio de cuya celebración se sustrajo marchándose a Bélgica hace ahora siete años. Puigdemont tendrá que recurrir en reforma ante el propio Llarena y después en apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo antes de poder acudir, por este camino, en amparo al Tribunal Constitucional.