La Generalitat cambia de criterio y busca ahora la salida de la Policía de la sede de Vía Layetana

Según han confirmado a ABC fuentes de la Consejería de Justicia y Calidad Democrática, el responsable de este departamento, Ramon Espadaler, trata de llegar a un acuerdo con el Gobierno para «resignificar» el edificio y convertirlo exclusivamente en un memorial sobre la represión durante la dictadura. De llegar a buen puerto, los agentes destinados en la Jefatura tendrán que dejar el inmueble y, por lo tanto, el efecto será el de su expulsión del icónico edificio.

Esta decisión, si finalmente se materializa, supondría un cambio total en la posición del PSC, partido que hasta la fecha ha apostado, no sin dudas, por que el espacio fuera compartido por los policías y el memorial. Sin embargo, el presidente Salvador Illa habría cambiado de opinión y cedido a la presiones de independentistas y comunes.

Espadaler desveló esta semana, en respuesta a una pregunta oral de los comunes en el Parlament, que había enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiéndole llegar a un acuerdo para que los policías se fueran de Vía Layetana, 43. En la misiva, confirmada por fuentes de la Consejería a este diario, el enfoque del asunto se centra en ubicar a los agentes en otro espacio de Barcelona, sin concretar, para que la Policía Nacional tenga «una sede moderna, más funcional y operativa», en contraste con el vetusto edificio actual.

Espadaler también se ha visto con los responsables de Memoria Histórica del Gobierno, para avanzar en el asunto, y tiene cerrado un acuerdo, al menos verbal con el Ayuntamiento de Barcelona. Hace solo unos meses, en abril, el alcalde Jaume Collboni y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunciaron codo con codo que el edificio tendría un uso compartido, abriendo la puerta a su resignificación parcial, pero manteniendo «el uso» actual como Jefatura. Ni el alcalde ni el ministro concretaron qué significa el ajuste acordado y Torres se limitó a señalar que «su futuro será acordado entre todas las administraciones desde el consenso».

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Unos meses antes, en 2022, el PSC chocó con los comunes en el Ayuntamiento por el futuro de la comisaría, que alberga sobre todo los despachos de los mandos del CNP en Barcelona; y, en 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez lo defendió como «servicio público». Incluso Illa, ese mismo año, rechazó convertir vía Layetana en un memorial.

Ahora, sin embargo, siendo presidente de la Generalitat, Illa ha virado. Así lo manifestó Espadaler en el pleno de esta semana, donde a pesar de todo, quiso dejar claro que el enfoque que quiere darle el Govern no es el de echar a los policías, aunque este sea el efecto, sino el de dar a los agentes un espacio adecuado y moderno: «Nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestra manera de afrontar [el cambio de uso del edificio]…, no se trata tanto de poner el acento en sacar a la policía de este lugar, la policía es una policía democrática y, por lo tanto, esto lo queremos dejar meridianamente claro, sino de trabajar conjuntamente para resignificar [el lugar]».