ERC acusa a Puigdemont de «incitar el odio y la división» entre ellos

A pesar del espejismo que supuso el acuerdo para el control de la Mesa del Parlament (cuatro de siete miembros son secesionistas) y la elección de Josep Rull (Junts) como presidente de la Cámara catalana, ERC y Junts están cada vez más distanciados y no dudan en hacer públicas sus discrepancias. El último enfrentamiento es a costa de la investidura de Salvador Illa (PSC), que contará con el apoyo de los 20 diputados de ERC, partido que no dio opción a Junts, que, a su vez, propuso a los de Rovira plantear un pulso a Pedro Sánchez para que este obligase al PSC a investir a Puigdemont.

Pero todo lo que no sea compartir supone competir. Desde el verano de 2023 los de Puigdemont tienen el control de las leyes orgánicas que se aprueban en el Congreso. Pero ni la Generalitat ni la capacidad de influencia en Barcelona, pues ya antes del 12M la suma le daba al tripartito de izquierdas. Gestionaron con incomodidad ser la parte minoritaria del gobierno de Pere Aragonès (ERC) desde 2021 y en otoño de 2022 decidieron abandonar a su suerte a los de Oriol Junqueras, por entonces todavía presidente de ERC y que aspira a retomar el control de la formación en noviembre.

Desde aquella votación interna de la militancia en 2022 que, por los pelos, obligó a la dirección de Junts a dejar la Generalitat la rivalidad entre ambos no ha hecho más que aumentar. Las palabras de Puigdemont sobre la votación de las bases de ERC para investir a Illa son leña para un fuego que sigue vivo. Con «la decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista» al frente de la Generalitat, escribió el líder de Junts este fin de semana, su detención es «una posibilidad real en muy pocos días».

La ejecutiva de ERC ha respondido este lunes. La presión de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, criticando, en diferente grado, el acuerdo de investidura con Illa augura marejada con la vuelta de Puigdemont y, sobre todo, con su detención, más que probable pues sigue sobre él la orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Los de Rovira pidieron «respeto» a sus decisiones.

Pero sobre todo han exigido a Puigdemont «una rectificación y una disculpa», porque ERC «es una organización soberana, radicalmente democrática» y «tomará siempre las decisiones políticas contando con su militancia, con mayoría y consenso». Se ha entendido aquí que los independentistas de la calle Calabria de Barcelona no aceptarán tutelas de ningún tipo.

En esta línea, han acusado a los de Puigdemont de moverse en parámetros electorales y entienden así su malestar por el preacuerdo firmado con los socialistas para investir a Illa. «Entendemos que esta decisión pueda ser objeto de crítica política, pero no se pueden superar determinados límites. Considerar que una hipotética detención del presidente Puigdemont sería culpa de ERC es una ofensa«, han añadido desde la dirección de Calabria.

Con este último rifirrafe se calienta el terreno de juego para la vuelta de Puigdemont a España. Si todo va según lo previsto, este martes Rull llevará a cabo la ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios y dará a conocer cuándo se convoca el pleno de investidura al que pretende acudir el líder de Junts para votar, pues es uno de los 135 diputados autonómicos. Lluís Puig también está fuera de España y en la misma situación que el expresidente de la Generalitat.

El pleno se podría celebrar el jueves o el viernes. Ante una posible detención del exeurodiputado –no se presentó a las elecciones de junio y perdió la inmunidad a nivel europeo– la reacción de Junts se prevé furibunda y se tensionará el ambiente político. No solo contra ERC. También contra el PSC. No es descartable que Rull aplace el pleno unos días. Laura Borràs, que es la presidenta de Junts, se ha preguntado en una entrevista en Cataluya Ràdio que qué haría Illa en caso de ver a Puigdemont detenido y llevado a la cárcel. ERC ha tratado de curarse en salud y ha recordado que «siempre» ha condenado «la represión política de todo el movimiento independentista». Pero ha puntualizado: su retorno «es una decisión personal y no colectiva».