Defensores del bilingüismo piden a la UE que interceda ante la exclusión del castellano en las aulas catalanas

En una jornada convocada bajo el lema 'Contra la discriminación por razones de lengua en España y en Europa. La exclusión del español como lengua de enseñanza en España', las asociaciones convocantes de la manifestación del pasado 18 de septiembre en contra de la eliminación del castellano como lengua vehicular en Cataluña, junto a organizaciones de Baleares, la Comunidad Valenciana y Navarra que batallan por la educación bilingüe, han hecho frente común para reclamar a las autoridades europeas que intercedan para que «no se siga vulnerando el derecho de los alumnos españoles a estudiar en castellano», la lengua oficial del Estado.

El encuentro, moderado por la vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo (LIBE), la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundua ha contado con la participación del jurista José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano (IC); Carlos Silva, portavoz de Docentes Libres, la plataforma creada por profesores de escuelas e institutos creada este año para denunciar el acoso que sufren estos profesionales por motivos de lengua, y Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), quienes han expuesto la situación de «persecución» que atraviesa el castellano dentro y fuera de las aulas en esta comunidad y han reclamado a las autoridades europeas que actúen para proteger los derechos de los alumnos castellanohablantes en España ante la inacción del Gobierno.

Durante la sesión, Pagazaurtundua ha asegurado que la Generalitat de Cataluña está aplicando «el monolingüismo catalán en la escuela como la Dictadura impuso el español« y ha advertido de que se va extendiendo la discriminación de la lengua materna, como lengua vehicular, cuando ésta es el español. »No tiene sentido pedagógicamente. No se puede imponer la inmersión y hay muchos modelos para fomentar el multilingüismo, si nos importan los menores«, ha planteado la eurodiputada, quien ha aludido también a la »persecución« por parte del Govern a alumnos y profesores para que hablen catalán.

«Intentar perseguir a los niños en los patios de recreo para que no hablen en español, multar por rotular comercios en español y no dejar que estudien en su lengua materna supone una crueldad social que se vivió, lamentablemente, en época franquista. Son comportamientos contra el pluralismo que tenemos que denunciar en la UE del siglo XXI«, ha manifestado la eurodiputada.

Según ha explicado, la Ley, los derechos las sentencias que reconocen los derechos, están para cumplirse. «Y no hacerlo es atacar el fundamento del Estado de derecho democrático. Para el nacionalismo, la lengua es un tabú que ha llegado a la máxima irracionalidad después de décadas en Cataluña y que corre el riesgo de repetirse en muchos rincones de nuestro país«. La eurodiputada naranja ha aludido al incumplimiento de la Generalitat de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el Tribunal Supremo (TS) hizo firme y obliga al Govern a que al menos un 25 por ciento de las clases se impartan en castellano en esta comunidad.

«El Tribunal Supremo ha confirmado que la condición de vehicular del español está blindada por la Constitución. Hablamos de miles de familias cuyos hijos tienen derecho a estudiar en castellano por lo que la no ejecución de la sentencia del TSJC sería como incumplir centenares de miles de sentencias en materia de derechos fundamentales y obligarles, además, a acudir, uno a uno ante la Justicia para hacer valer sus derechos«, ha añadido.

Además, Pagaza ha denunciado la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Alta Inspección ante el conflicto, lo que deja en una situación de «indefensión manifiesta a las familias y niños que ven atacados sus derechos a hablar y educarse en su lengua materna, que además es lengua oficial». «Es muy grave», ha dicho, que el Gobierno de Cataluña y otras autoridades públicas no solo hayan instado a desobedecer sentencias, sino que también hayan tejido una red para proteger sus intereses basada en el señalamiento y el acoso a los menores y familias. «Acosan a algunos, para callar a muchos», ha dicho.

Un contundente vídeo en el que se resume «el atropello que ha sufrido el castellano en estas últimas décadas en Cataluña» en el que se detallan las resoluciones judiciales que se han incumplido por parte del gobierno catalán y las acciones llevadas a cabo por la Generalitat para conseguir un «monolinguismo« en las aulas, ha dado paso a la intervención del presidente de Impulso Ciudadano.

Domingo ha hecho un repaso histórico sobre el régimen jurídico y normativo sobre el que «el nacionalismo ha construido su cruzada lingüística» y ha recordado que «la Constitución establece principios que deben respetarse como la obligación de conocer la lengua oficial del Estado«, principio que en Cataluña se vulnera »al excluir al castellano como lengua vehicular«. Domingo ha destacado el giro que dio la Ley Orgánica de Educación de 2013 al introducir el derecho a ser escolarizado en castellano también en las comunidades que tienen régimen de cooficialidad«, aunque ha lamentado que »después ese régimen fue modificado con la llegada de los socialistas al Gobierno«.

El presidente de IC ha subrayado el blindaje al catalán que el Govern se procuró con la Ley de Educación Catalana (LEC) de 2009, que «por primera vez establece que el catalán se la lengua preferente en las escuelas»y ha cerrado su intervención con el gran y último incumplimiento del Govern de sentencias lingüísticas firmes: la de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir al menos un 25 por ciento de clases en castellano en todas las aulas de Cataluña y que «pese a ser firme sigue sin cumplirse». Desde la tribuna europea, Domingo ha reclamado la necesidad de que «haya una nueva regulación que consolide el castellano como lengua de enseñanza» y «la articulación de un frente cívico en España que garantice los derechos de todos los alumnos».

Ana Losada, por su parte, ha recordado que su entidad ya compareció hace unos meses ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo para reclamar a la autoridad comunitaria que actuara para que «se cumplan las sentencias en Cataluña» ante el temor de que esta última firme del TSJC no se ejecutara. «Antes era una sospecha ahora es ya un hecho», ha dicho Losada, quien ha denunciando la inacción del Gobierno ante esta situación.

En este sentido, la presidenta de la AEB ha recordado las palabras d comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en un reciente acto en nuestro país en el que aseguró que «el Estado debe velar para que se cumplan sentencias firmes». Losada ha recordado que el problema de Cataluña «es un problema de Europa porque vulnera no solo la Constitución y el Estatut sino también tratados internacionales». En relación con el incumplimiento de la sentencia del 25% de castellano, la presidenta de la AEB ha denunciado la colaboración del Gobierno de Sánchez con los partidos nacionalistas catalanes para frenar su aplicación. Ha recordado, asimismo, la «arrogancia» del Govern en el desacato. «

Siempre cumplen lo que dicen. Dijeron que incumplirían la sentencia y lo han hecho«, ha dicho. Losada ha subrayado la gravedad de algunas ordenes del consejero de Educación, Josep González-Cambray, como la que dio a las direcciones para que incumplieran la sentencia y desoyeran a las familias, o la que dio posteriormente a los centros que aplicaban un 25% para que lo desactivaran. «Europa debe actuar con fuerza para que se cumplan las sentencias en Cataluña», ha concluido.

Por último, Carlos Silva, portavoz de Docentes Libres, una plataforma de profesores de primera y secundaria que nació este año para combatir el asilamiento de los profesores por cuestiones lingüísticas, ha denunciado en Bruselas el acoso a estos profesionales en los centros educativos por razones de lengua. «Cinco años del 1-0 el nacionalismo ha vuelto a recuperar el victimismo usando la lengua como punta de lanza», ha dicho Silva, quien ha recordado que el argumento en el que se escuda la Generalitat para relanzar su ofensiva «catalanizadora» en la enseñanza de que el catalán está en riesgo «no se sostiene». «Aseguran que el catalán está en peligro pero los datos de las encuestas lingüísticas de la Generalitat lo contradicen», asegura el docente.

Silva ha denunciado el plan de promoción de la lengua catalana en los centros educativos impulsado por el Govern y que «que comporta una campaña de asedio de la Generalitat a los profesores que usan el castellano en sus clases». Más allá del ámbito curricular, el portavoz de los docentes ha criticado también la campaña de la Generalitat para que fuera de las aulas se use el catalán en las relaciones personales (relaciones entre ellos, con los alumnos, con los padres...).

«La Generalitat quiere solucionarlo con un plan generalizado de promoción del catalán que culminará en el curso 2024-2025 cuando los 3.500 centros de Cataluña tengan el catalán como única lengua de uso dentro y fuera de las aulas«, ha indicado y ha recordado en este sentido la creación de los denominados grupos impulsores del catalán, »que vigilarán, en connivencia con la inspección educativa que este objetivo se cumpla«. » Un pronóstico realmente preocupante que no sabemos que tipo de repercusiones tendrá con los profesores díscolos que sigan impartiendo las clases en castellano«, ha concluido el docente.