El comité ético de Colau para el Ayuntamiento de Barcelona, anestesiado

Presentado como un proyecto pionero entre las administraciones de España, el comité tenía que velar por el bien común e ir «en contra de las corruptelas que amenazan la función pública», como defendió entonces el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que en ese momento era concejal de Derechos de Ciudadanía. Tenía que ser el garante de que se cumpliera con el Código de Conducta municipal, también aprobado por la propia alcaldesa.

Su normativa, pactada entre todos los grupos municipales, preveía sanciones y hasta inhabilitaciones y perseguía especialmente el provecho personal que pudieran obtener cargos municipales de su trabajo o los beneficios a terceros con intereses públicos, cuestiones que precisamente aborda la querella, recientemente reabierta, contra la alcaldesa por las supuestas concesiones de subvenciones del Ayuntamiento a entidades afines a su formación.

En la práctica, el comité se puso a trabajar a finales de 2018, con un equipo de cinco miembros independientes y con un amplio bagaje en cuestiones éticas, avalados por todos los grupos municipales, excepto la CUP, presente en ese momento en el consistorio y que votó en contra.

Desde entonces se le conocen pocas intervenciones. La primera Memoria anual, consultada por ABC y referente a los años 2018 y 2019, concretaba que en ese periodo se habían efectuado 14 sesiones de trabajo y cinco recomendaciones, sobre todo por incompatibilidades de cargos públicos y afectaciones con negocios privados. Se le han conocido algunas más actuaciones, eso sí, pero por que las han contado los partidos que las impulsaron.

En esa memoria, sus vocales dejaban claro que les faltaban instrumentos jurídicos para desarrollar correctamente su actividad y que el comité necesitaba «un verdadero impulso», con más personal e infraestructuras. Tras este compendio, por cierto, no se ha presentado ningún otro balance de actuaciones.

La falta de recursos, al menos a nivel de profesionales implicados, es más que evidente. Desde 2018 han dimitido de sus funciones dos de los cinco miembros (uno de ellos este mismo año), que tuvieron que ser sustituidos por otros dos profesionales que previamente habían superado el proceso de selección de candidatos para el Comité y que quedaron en la reserva. Ahora se han dado más bajas: el secretario del comité, Robert Rubió, dimitió el pasado verano al haber ganado una plaza en un organismo internacional que le hace incompatible su permanencia en el órgano.

Su baja, sin embargo, no se resolverá rápidamente y es que ya no quedan suplentes avalados para el puesto y el proceso se alargará más de lo habitual. De hecho, este escenario, el de la falta de perfiles para sustituir a miembros del comité, es nuevo en un órgano que desde su creación ha ido funcionando a trompicones. El propio Ayuntamiento con los propios integrantes del comité está abordando y valorando cómo gestionar la situación, comentan a este periódico.

Los problemas de personal en este ámbito afectan también a la Dirección de Servicios de Análisis del consistorio, que se encarga de investigar malas prácticas y conductas irregulares de la administración municipal y su sector público y que, entre otros aspectos, gestiona el Buzón Ético municipal (para recibir denuncias ciudadanas anónimas) y da apoyo técnico-jurídico al comité de ética. La Dirección también tiene tres plazas vacantes: una de ellas ya se ha cubierto y las otras dos (entre ellas, un letrado) están en medio de un concurso interno entre funcionarios. «Es un proceso largo», apuntan fuentes municipales.

Esta falta de personal puede haber tenido que ver con el retraso en la presentación de memorias anuales, una de las tareas pendientes básicas para todo órgano y que, paradójicamente, más tiempo hace que se arrastra. El ímpetu del equipo de Colau por luchar por la integridad institucional parece que ha quedado en segundo plano.

Fuentes municipales remarcan a ABC que, aunque el comité es un órgano independiente y poco puede hacer el gobierno municipal para activar su acción, se prevé que las memorias de 2020 y 2021 estén acabadas a finales de año.

De cumplirse así, llegarían con hasta dos años de retraso. Antes, sin embargo, deberá haberse resuelto la cuestión sobre la secretaría del comité, actualmente sin nadie a su cargo y que tiene que certificar y presentar toda memoria.