El tardofranquismo de Ada Colau

Tras haber sido la cooperadora institucional necesaria del independentismo al que ha arropado en todas las declaraciones municipales que el secesionismo ha impulsado en el pleno del ayuntamiento, persiste en sus planteamientos de la denominada «memoria histórica» tornada en una amnesia selectiva de lo acaecido. Así, en sus planteamientos revanchistas y guerra civilistas ignora las atrocidades de las checas y asesinatos en la retaguardia republicana entre los años de 1936-39 y el vergonzoso e inhibidor papel de la Generalitat de entonces.

No contenta con ello, y desde su sesgo y sectarismo ideológico, pretende reescribir y distorsionar otro aspecto, más reciente, de nuestra historia. La transición democrática es ahora criticada de nuevo por los comunes-podemitas en el consistorio barcelonés y de ella son fiel correa transmisión los adláteres de Ada Colau en el Congreso de diputados y en el Gobierno de España, los exconcejales Gerardo Pisarello, Jaume Asens y Joan Subirats.

En los próximos días se aprobará en el pleno municipal la modificación del Reglamento de Reconocimiento a las personas represaliadas por el tardofranquismo. Ante el silencio de políticos, la ausencia de ciudadanos que reaccionen y el entusiasmo de las entidades de la manipulada memoria histórica, léase las de la amnesia selectiva, he presentado distintas alegaciones en el periodo de información pública para impugnar la norma. Un texto que ignora a las víctimas del terrorismo de ETA, Grapo anarquistas u organizaciones radicales e independentistas, por cierto. Mi pretensión no es otra que, por la pasividad de demasiados, los comunes e independentistas sin hacer ruido, pero sí con leyes y reglamentos, nos impongan su mentira histórica y su venganza revanchista.

Este Reglamento, aunque se diga que su pretensión es otra, no hace más que consolidar que la izquierda extrema con la benevolencia del PSOE imponga su relato. Se considera en el texto reglamentario como tardofranquista el periodo que abarca desde la muerte del dictador hasta el 31 de diciembre de 1978. Dicho de otra manera, el ínterin de nuestra transición democrática o la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978. Una transición ejemplar y generosa para cicatrizar el pasado y reconciliarlo con el presente y una Carta Magna también de futuro y que ha afianzado el periodo más importante de libertad y autogobierno de nuestra historia contemporánea.

Es la forma de Ada Colau, y de quienes callan o consienten, de considerar tardofranquistas y pretender con ello deslegitimar la transición democrática y la Constitución y abrir, en consecuencia, procesos constituyentes, revisionistas y revanchistas. Mientras, la alcaldesa ya había promovido otros Reglamentos que, con la excusa de respaldar la imprescindible participación ciudadana, cuestionan la democracia representativa surgida de las urnas de unas elecciones locales para relegarla a lo que denomina la democracia activa o directa.

No es el momento de guardar silencio o mirar a otro lado; es preciso plantar cara a este populismo extremo antes de que agriete lo que son las bases de nuestra convivencia y del Estado Derecho a denostar mayorías democráticas electorales, estructuras de Estado desde la Casa Real o el Poder Judicial, el principio de autoridad y de respeto a la Ley a la que solo se ha de obedecer si ellos la consideran justa, Colau dixit en su día.

Marcelino Camacho en el debate de la Ley de Amnistía de 1977 refería: «Nosotros, los comunistas, hemos enterrado nuestros rencores y estamos resueltos a mirar hacia adelante». Manuel Azaña en el mes de julio de 1938 desde el mismo Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona pronunció su discurso «Paz, piedad y perdón». Hoy no dejemos que arraigue esa amnesia selectiva de la memoria histórica ni que se distorsione nuestro acervo democrático con falsos tardofranquismos. Se pretenden abrir procesos constituyentes desde la izquierda extrema, con el concurso del independentismo, para debilitar el Estado e imponer, unos su antes lucha de clases y ahora odio social, y otros la secesión de Cataluña de la España de todos. De nosotros depende que no sea así.

Alberto Fernández Díaz es abogado, expresidente del PPC y exlíder popular en Barcelona.