Vox pide por escrito al Gobierno información sobre el servicio de escolta de Ana Sánchez

La formación registró, como ya adelantó el pasado 16 de abril su portavoz en las Cortes, Carlos Menéndez, ante la Delegación del Gobierno, una solicitud formal de acceso a la información relativa, «si es que existiera», a la concesión del servicio de escolta a Sánchez, «con especial atención a las causas que motivaron la misma».

La propia Ana Sánchez ha respondido a través de su perfil en X para acusar a Vox de «no tener ningún límite ni escrúpulo» y ha señalado que defenderá la «intimidad» de su familia «con uñas y dientes». «Vox vive de la polémica y de acosarnos. De señalarnos. Ahora me toca a mí y a mi familia ¿No tienen ningún límite ni escrúpulo? ¿Ninguno?», cuestionó a través de la red social .

Los de Abascal recuerdan en un comunicado que «ante las agresiones sufridas por el presidente de las Cortes de Castilla y León,Carlos Pollán, y varios procuradores del Grupo Parlamentario el 13 de abril durante la celebración de un acto político con motivo de las elecciones al parlamento vasco, la procuradora socialista y Luis Tudanca no sólo no condenaron estos hechos, sino que también llegaron a cuestionar la veracidad de los mismos, con tal de evitar una condena explícita a la violencia que sufre VOX desde su creación en 2014, aumentando así el señalamiento que sufre la formación».

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Aseguran, además, que Ana Sánchez «atribuyó públicamente a los procuradores del Grupo Parlamentario la participación en una supuesta campaña de acoso en redes sociales contra su persona y su familia», en las que afirmó que «su familia ha tenido que ir al cole con escolta», cuestión que imputó «directamente a la acción de los procuradores de Vox, lo que supone una grave ofensa y un claro ataque contra su honorabilidad».

Los procuradores de la formación verde aseguran que su petición a la Delegación del gobierno se produce «en defensa del derecho al honor y en condición de interesados en el proceso administrativo», según se dispone, argumentan, en el artículo 4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Matizan que no se persigue la obtención de los datos particulares de los integrantes de dicho servicio, ni cualquier información sensible o confidencial, «únicamente la confirmación de la existencia de dicho servicio de escolta, así como las causas que motivaron el mismo», toda vez que «la petición de servicio de escolta para el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por reiteradas amenazas de muerte fue rechazada».

Vox concluye advirtiendo que de no recibir contestación en un plazo de 30 días a esta petición de información, la misma será requerida al propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.