El TSJCyL concluye que la Junta tiene la competencia sobre el volumen de las aportaciones al Serla

Así consta en una sentencia de 3 de noviembre de 2023, de la citada Sala que ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Según ha explicado este miércoles la Consejería de la Presidencia a través de un comunicado de prensa, para alcanzar esta conclusión la Sala de lo Social considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del SERLA «no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria«.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo concedió a la Fundación del SERLA mediante la Orden de 13 de abril de 2023 una subvención de 400.000 euros sujeta a «determinadas condiciones y requisitos» y los sindicatos CCOO y UGT interpusieron una demanda a través de la que solicitaron la anulación de esta Orden por entender que la aportación dineraria concedida era «insuficiente».

Según han recordado desde la Consejería de la Presidencia, esta demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo. «Los sindicatos demandantes, por tanto, entendían que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical», precisan las mismas fuentes.

En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social que mantuvo en la vista celebrada «los mismos argumentos que los sindicatos demandantes».

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El SERLA es un sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, creado a través de la suscripción de los oportunos acuerdos profesionales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad: UGT, CCOO y CEOE CyL.

«Este sistema, constituido tanto por los agentes sociales firmantes de los acuerdos interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad, en la medida en que es la Administración autonómica la única entidad que financia su actividad», han detallado desde el departamento que dirige Luis Miguel González Gago.