Jueces de Salamanca muestran su rechazo al acuerdo PSOE-Junts por «atacar la división de poderes»

Vega Bravo ha puesto voz a un comunicado firmado por asociaciones judiciales y que, según ha avanzado, también cuenta con el apoyo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. «Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias».

El texto del acuerdo alcanzado, según los jueces, contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, «con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

«Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la constitución», según ha proseguido ó el manifiesto.

Estas expresiones, ha proseguido Vega Bravo, «en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del poder judicial, no son aceptables», ya que «el poder judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta«.

El juez decano de los Juzgados de Salamanca, Pedro Rollán, ha manifestado posteriormente, en declaraciones recogidas por Ical en la plaza de Colón que esta alusión al control parlamentario de las decisiones judiciales «evidentemente ataca la división de poderes» y, según ha matizado, «la esencia de cualquier estado de derecho es la división de poderes y cuanto más controles haya mejor».

Rollán ha insistido en que «el monopolio de la jurisdicción en los estados democráticos lo tienen los juzgadores y los tribunales y toda interferencia ajena es una excepción, como lo son los indultos y las amnistías», pero según el juez decano, «no se puede permitir que el poder político controle las resoluciones judiciales que se han dictado».

Sobre la amnistía, ha recordado que no está regulada como tal en la Constitución. «Con lo cual, en principio, no es susceptible de excepción al poder judicial, salvo que la proposición de ley orgánica de amnistía que se registró ayer en las Cortes Generales sea declarada constitucional por el Tribunal Constitucional», matizó.

Acerca de la motivación de esta concentración convocada de urgencia, el juez decano ha advertido de sus dudas sobre el acuerdo firmado entre ambas formaciones políticas. «Simplemente ponemos de manifiesto nuestra preocupación por pretendidas propuestas de partidos políticos que pretenden dejar sin efecto la separación de poderes. Supongo que esto se llevaría a efecto en una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitiera crear comisiones parlamentarias para investigar las resoluciones de los jueces. Cosa que a día de hoy no existe y lo que pedimos con estas concentraciones, no solo en Salamanca, sino en todos los partidos judiciales de España o en casi todos, es que no se lleve a cabo esa reforma, que no se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y se permita que comisiones integradas exclusivamente por políticos controlen las decisiones judiciales», ha añadido.

Preguntado por los medios de comunicación, el juez decano no ha entrado a valorar si la amnistía es constitucional o no, reconociendo que «actualmente hay un debate encendido, doctrinal, político y jurídico» sobre este asunto. «Hay argumentos a favor y en contra. En contra de que en España se pueda hacer una ley de amnistía, está que la Constitución permite el indulto individual pero prohíbe el indulto general, con lo cual, por lógica, tampoco se podría hacer amnistía, que es mucho más general todavía».

También en contra de la amnistía, según Rollán, «está que siempre se ha entendido como la ruptura con un régimen anterior para iniciar un nuevo sistema, esencialmente cuando se pasa de dictaduras o sistemas poco democráticos a uno más democrático y más respetuoso».

Por otro lado, ha reconocido que también hay argumentos a favor de la amnistía, ya que el indulto es una decisión del poder ejecutivo, mientras que la amnistía los es del poder legislativo en la Constitución. «No es sólo romper con regímenes dictatoriales, sino con acabar situaciones de especial crisis. ¿Quién tiene que resolver esta dicotomía? Pues el Tribunal Constitucional», concluyó al respecto.