Gallardo pide a Mañueco que la Junta de Castilla y León convoque una protesta institucional contra el pacto de Sánchez y Puigdemont

El vicepresidente y líder de Vox en la Comunidad argumenta que ante el «momento histórico de extrema gravedad», los partidos «han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización»

Mañueco tilda de «infame y vergonzoso» el acuerdo pactado entre PSOE y Junts

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, esta semana en una de las protestas ante la sede del PSOE de Valladolid ICAL

Isabel Jimeno

Valladolid

«En este momento histórico de extrema gravedad, los partidos han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización ciudadana desde las instituciones«. Es el argumento esgrimido por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de ... Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, en su petición al presidente del Gobierno autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, para la convocatoria «urgente de una manifestación, como primera reacción institucional» al pacto alcanzado entre PSOE y Junts.

Según señala en un comunicado, ese acuerdo suscrito este jueves en Bruselas tendrá unas «consecuencias» para «la separación de poderes, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la unidad nacional«. De ahí, su petición a la movilización ante el acuerdo que »aparentemente« desbloque la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Un entendimiento, señala García-Gallardo, que «está siendo ampliamente contestado por la sociedad civil« y que supone un «golpe» contra la democracia y la ley. «Supone la abolición del Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la deslegitimación de todas las instituciones clave de nuestra convivencia, desde la Corona al Poder Judicial, pasando por las fuerzas del orden o los parlamentos«.

El dirigente de Vox insiste en que el acuerdo además «implica una amenaza a la soberanía nacional de los españoles, y a la unidad del país«, ya que contempla »el compromiso de un referéndum de autodeterminación«, así como »la posibilidad«de una mediación internacional »que deslegitimaría a nuestra nación ante el mundo«.

Así, García Gallardo, recalca que «la gravedad de la amenaza» ha puesto «de acuerdo a todas las asociaciones judiciales, así como a los fiscales, representantes de los inspectores de trabajo o los abogados, entre otros colectivos».

«Es, por tanto, la hora de que las instituciones se enfrenten con todos sus recursos frente a esta situación crítica, incluyendo la convocatoria de movilizaciones ciudadanas desde el ejecutivo regional«, concluye el texto con la petición del vicepresidente de la Junta al Ejecutivo del que forma parte.

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