PP y Vox minimizan sus diferencias en Castilla y León

Pese a las diferencias que ambas formaciones mantienen y reconocen y a la difícil convivencia que se presupone, este lunes no ha habido reproches, sino matices y entendimiento en los temas que les pueden separar y que han sido recogidos ya en un acuerdo programático con 11 ejes, 32 acciones concretas y un reparto de funciones muy exhaustivo. De hecho, en su intervención inicial a mediodía, Fernández Mañueco ha arrancado con halagos al que será su número 2 en el Ejecutivo, Juan García-Gallardo (Vox), al aplaudir su «voluntad» de llegar a una entente «viable y firme». Tras dejar claro que « somos dos partidos distintos» con sus «legítimas posiciones» , ha destacado que «hemos sabido dar ejemplo de generosidad y responsabilidad». En opinión del dirigente popular, «todos debemos felicitarnos por el resultado» porque lo acordado «respeta plenamente» los principios de la Constitución «y de nuestro Estatuto», además de que «garantiza cuatro años de estabilidad».

En una línea similar, García-Gallardo señalaba horas después que esta coalición «es una prueba de la madurez de ambas formaciones» al tiempo que también felicitaba a Mañueco «por haber estado a la altura» y aseguraba que «en esta ocasión» cuenta con «un socio leal» –en referencia al anterior gobierno con Cs– porque Vox «es un partido serio que respeta la palabra dada».

Sobre los aspectos sociales que han generado cierta controversia , el líder autonómico del PP quiso afirmar «alto y claro» que mantendrá la Ley de Lucha contra la Violencia de Género en la Comunidad y que «no vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos» a las mujeres.

Ante las críticas lanzadas en los últimos días por la oposición acerca de la entrada en vigor también de la L ey de Violencia Intrafamiliar exigida por Vox, ha justificado que esta norma servirá «para generar nuevos derechos y proteger a todas las víctimas» poniendo como ejemplo la violencia de los hijos contra los padres o contra las personas con discapacidad.

En este punto, tras recibir los aplausos de la bancada popular, sus nuevos socios permanecieron en silencio. Preguntado por esta decisión, García-Gallardo ha llamado a «no sacar conclusiones equivocadas» afirmando que se comprometieron a mantener la legislación actual y añadir una nueva que garantice que «todas las víctimas tienen acceso a las ayudas», dado que «no tiene sentido que un huérfano de padre reciba unas ayudas y uno de madre reciba otras».

Mientras, la normativa sobre concordia también prevista y que estaría vinculada al decreto ya existente sobre memoria historia en la Comunidad, similitudes asimismo entre ambos responsables políticos. Así, Fernández Mañueco ha asegurado que se aprobará «como elemento de reconciliación y e vitando la utilización de la historia para dividir a los españoles» , mientras que García-Gallardo ha esgrimido que el objetivo que se persigue es que «no exista una visión sesgada de la historia que se utilice para enfrentar a los españoles» y ha reconocido que se ha pactado que «si alguien sabe que su abuelo está enterrado en una cuneta, el Estado esté ahí para exhumarlo y darle un entierro digno», ha asegurado.

Tampoco hubo choque en cuanto al Diálogo Social se refiere. Si Mañueco lo ha garantizado y ha defendido como «una seña de identidad», García-Gallardo ha aclarado que su objetivo no es eliminar las subvenciones a los sindicatos sino reducirlas.

Por último, el líder 'popular' ha mostrado su disposición a apoyar «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de España y de Castilla y León». Al respecto, ha defendido que Castilla y León «es tierra de acogida de quienes se marcharon y quieren regresar y de quienes llegan buscando una nueva oportunidad» y ha considerado « enriquecedor y necesario incorporar dentro de nuestra sociedad a personas extranjeras », si bien ha advertido de que siempre debe hacerse «de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra». Al respecto, el futuro vicepresidente autonómico ha apuntado que lo que se persigue es un control a las asociaciones que «dan ayudas a la inmigración irregular».