Policía y Guardia Civil tendrán datos de los servicios sociales de mujeres maltratadas

La lucha contra la violencia de género volvió a unir a dos administraciones, central y autonómica, independientemente de su signo político, con el claro objetivo de colaborar y coordinar las actuaciones que ambas desarrollan al amparo de sus competencias. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, dieron ayer un paso más y comprometieron la «unidad de acción» para combatir esta lacra social. La primera consecuencia será que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil) tendrán acceso en Castilla y León a los informes de valoración de las mujeres maltratadas que elaboran los servicios sociales de la Junta y que, el pasado año, alcanzaron la cifra de 1.600.

Dichos expedientes -incluye la historia social y de vulnerabilidad de la víctima- ya son utilizados por jueces y fiscales en virtud de los protocolos de colaboración firmados con la Judicatura. El siguiente paso, anunciado pero aún sin desarrollar, será que Policía y Guardia Civil tendrán acceso a esa información para, a partir de ella, poder tomar las medidas más adecuadas tendentes a garantizar la seguridad de las mujeres que sufren maltrato.

Según la consejera, se ha visto la «necesidad» de esta medida, por lo que se pondrán en marcha los protocolos y trabajos técnicos necesarios para que las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan disponer en la Comunidad de los 1.600 informes de valoración de que se dispone hasta el momento y que suponen más información «para dar mas protección a las víctimas, sobre todo en casos de riesgo alto». Esta «importante» medida fue anunciada por García y Barcones tras mantener un encuentro en Valladolid destinado a coordinar las actuaciones de ambas administraciones en la lucha contra la violencia de género.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades explicó que el fin del encuentro era, además, dar a conocer los nuevos servicios impulsados desde la Junta y ponerlos al servicio de la Administración General del Estado. Es el caso de la intervención psicológica inmediata en sede policial y judicial para las mujeres que sufren malos tratos, que está activa a los 30 minutos de ponerse la denuncia, o la asistencia letrada a mujeres y menores víctimas de abusos sexuales. Alicia García también informó de la red de detección de víctimas de trata de seres humanos y la red de atención psicosocial. Se trata de instrumentos, insistió, que son una muestra más de la «unidad de acción y la coordinación que merece la lucha contra la violencia de género».