La Junta tacha de «inadmisible» el caos de la AP-6 por el temporal de nieve

Así lo aseguró ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien reconoció que «no se puede estar» satisfecho con el desarrollo y solución de los acontecimientos «cuando se ha sufrido un perjuicio» y existe una demanda de «mejor prestación».

Incidió en dejar claras las competencias de cada administración, y en el caso de la AP-6, la Junta no tiene responsabilidades, recalcó. Así, por un lado, señaló que la vialidad de una autopista de peaje corresponde a la empresa concesionaria de la explotación, que debe tener los medios materiales y humanos para evitar colapsos o para impedir la circulación. Por otro, que «la responsabilidad de la vialidad de las carreteras del Estado le corresponde al Estado». Con este mix y a la luz del caos vivido, el consejero apeló a una «mayor intervención de la Administración» de las concesionarias para asegurar desde lo público la máxima diligencia en la actuación de las empresas privadas.

De cara al futuro, el consejero demandó «que se adopten las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir». Por su parte, aunque sin competencias en esas vías, ya avanzó que «no vamos a ser neutros». No sólo estarán «pendientes» de esas modificaciones y mejoras sobre todo en la coordinación que se mostró convencido se adoptarán desde el Gobierno central, sino que estarán de forma activa «vigilantes» y serán «exigentes» para que la soluciones «sean de satisfacción» de los ciudadanos de Castilla y León. Y es que, subrayó, pese a no tener competencias en las carreteras estatales, éstas atraviesan la Comunidad y también afectan a su vialidad. Este episodio de nevadas ha demostrado, apuntó, que la «necesidad de mejorar algunos aspectos de la gestión» de las emergencias en esas infraestructuras. Eso sí, aseguró que «no le corresponde a la Junta hacer determinación de responsabilidades» en una cuestión como ésta, que es «ajena» a su competencia y ámbito de actuación. Lo que no quiere decir que se muestren pasivos. Los contactos con la administración estatal se han dado «desde el primer momento» y el Gobierno regional ya ha hecho algunas aportaciones para esas modificaciones, como «mejorar la coordinación» o una «intervención mayor» de la administración.

Respecto a la actuación de la Junta, Suárez-Quiñones subrayó que la coordinación tanto interna como con el resto de administraciones y servicios «ha sido total» y el Gobierno regional «ha hecho lo que tenía que hacer dentro de sus competencias», que incluyen la asistencia a las personas a través de protección civil para las emergencias y el mantenimiento de sus carreteras. Así, según el balance conocido ayer por el Consejo de Gobierno, en los tres albergues habilitados y que tuvieron que abrir (en las localidades segovianas de San Rafael y Villacastín y en la abulense de Arévalo) ante el episodio de nevadas «más grave» de los últimos años fueron atendidas 355 personas. No se llenaron al tope de su capacidad y, además, había previsto otro en San Rafael -uno de los puntos críticos en la jornada del caos-, lo que, según Suárez-Quiñones que había «recursos sobrados» para ello.

También defendió la actuación y respuesta del Servicio de Emergencias 112, que se había «reforzado» de antemano con más personal para esos días previstos de temporal, coincidentes con la operación regreso de Navidad. Negó la dilación en las respuestas a las llamadas que, según dijo, no esperaron más de «80 ó 90 segundos» para ser atendidos. Y eso que se «batió récord histórico» con una «demanda especial» de peticiones, que llegaron «hasta a 800 a la hora», el máximo alcanzado desde que se puso en marcha en 2002. Entre los días 6 y 11, desde que se activó hasta que se desactivó la alerta, se recibieron 1.350 peticiones de ayuda y auxilio, sobre todo el 7y «fundamentalmente» vinculadas a «enclavamientos» en carretera, sobre todo en la señalada AP-6. En las carreteras autonómicas hubo 1.292 incidencias, «que se han solventado con nuestro personal y maquinaria de conservación».