La Junta decide adelantar cuatro días el riesgo alto por incendios forestales

La orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio publicada ayer en el Bocyl argumenta que si bien con carácter general la época de peligro alto de incendios forestales abarca los meses de julio, agosto y septiembre, donde las condiciones meteorológicas «incrementan notablemente el peligro», a lo largo del año «pueden producirse circunstancias de prolongada sequía que aconsejen» declarar «nuevas épocas» bajo esa catalogación. Además, desde la Junta añadieron que la decisión se fundó «a la vista de las previsiones meteorológicas al inicio de la semana pasada, que preveía un importante aumento de las temperaturas, que finalmente no se están produciendo».

El s ecretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca , consideró de «vergüenza» que la Junta «ignorara todas las advertencias» de la oposición cuando ante la anterior ola de calor le instaron a declarar el riesgo alto y, sin embargo, lo «adelante ahora cuatro días» en unas condiciones meteorológicas que no son peores que entonces. «¿Alguien lo puede entender?», preguntó el socialista, que de nuevo pidió la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, del que espera una «disculpa» por una gestión «terriblemente irresponsable al frente de los incendios forestales».

El riesgo alto que arrancó ayer implica el despliegue al completo el operativo de 4.500 efectivos, que antes de la declaración, en riesgo medio, pone en guardia a un 25 por ciento de las brigadas. La declaración implica limitaciones como la prohibición de la quema de vegetación y restos vegetales; la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere o pueda generar fuego, el uso de cosechadoras sin matachispas y de cualquier tipo de cosechadoras cuando la temperatura supere los 30 grados y las rachas de viento los 30 kilómetros por hora. Tampoco se puede hacer uso del fuego en la actividad apícola en el monte y la franja de 400 metros que lo rodea; y la quema de restos al aire libre en terrenos urbanos o urbanizables a esa misma distancia.

Con la declaración se da por iniciada una campaña que desde la Junta ya han avanzado que no se presenta halagüeña. La persistente sequía que se arrastra desde enero -durante al menos los próximos 6 días no se esperan precipitaciones en toda la Comunidad- convivirá este verano con el calor en la Comunidad, que ya está semana volverá a ser asolada por altas temperaturas. Tras el descenso generalizado del fin de semana, hoy se rozarán los 30 grados, pero será el sábado cuando los termómetros asciendan hasta 37.

La campaña empieza con un terrible punto de partida, ya que la superficie quemada antes de comenzar supera las 33.000 hectáreas, casi el doble del terreno que de media se ha quemado a los largo de todo el año desde 2010. El 90 por ciento de la misma se concentra en torno a la Sierra de la Culebra, que ayer fue declarada zona afectada gravemente por emergencias de protección civil por el Consejo de Ministro, junto a otros territorios de seis comunidades autónomas que también resultaron tocados por la llamas en la última ola de calor a mediados de mes. En total, los distintos siniestros quemaron 52.000 hectáreas en España y requirieron la evacuación de 4.000 personas.

La declaración conlleva medidas de recuperación cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior que incluyen ayudas por fallecimiento o por incapacidad, por destrucción o daños en enseres de primera necesidad y en vivienda habitual o en elementos comunes de una comunidad de propietarios. Asimismo, se contemplan apoyo a a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos y corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

Además, el acuerdo del Gobierno recoge otras acciones aún por concretar que apuntan a beneficios fiscales como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; medidas laborales, como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social, o ayudas a las corporaciones locales por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.