El Gobierno quiere que suba «significativamente» la población del lobo en 2030

Así figura en el nuevo borrador de la 'Estrategia estatal para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo ('Canis lupus') y su conservación', que ya en su denominación pone el foco en la coexistencia y no en la conservación y la gestión del mamífero, como figuraba en un texto anterior.

El texto incluye cuatro objetivos, entre ellos asegurar un estado de conservación favorable a largo plazo del lobo y promover su recuperación natural, para lo cual será necesario «incrementar significativamente el área de distribución actual y la población en el año 2030»; fomentar la expansión del área de distribución actual hacia el este peninsular donde la posible conflictividad con los usos ganaderos sea escasa y exista hábitat suficiente y adecuado, perseguir y actuar para reducir la mortalidad no natural del lobo, y minimizar el impacto de otras amenazas.

Otro objetivo es «reducir los conflictos, buscando la coexistencia del lobo con las explotaciones ganaderas» , para lo cual se promoverán ayudas públicas para sistemas de protección de ganado eficaces de manera generalizada en las zonas de mayor conflictividad; se instaurará un mecanismo homogéneo y armonizado de peritación, indemnización y compensación de los daños producidos por el lobo, y se concertará el procedimiento de indemnización, protección y coexistencia en foros de participación nacionales y autonómicos.

Además, el texto aporta como objetivos aumentar el conocimiento (conocer la evolución poblacional del lobo y mejorar la coordinación de acciones de investigación) y promover actuaciones para la mejora de la percepción social y difusión de los valores ecológicos de la presencia del lobo, informa Ical.

Por otro lado, la nueva Estrategia propone un programa nacional de marcaje de lobos con emisores GPS para establecer indicadores eficientes sobre las amenazas y la evolución de la especie, así como conocer con más detalle las causas de mortalidad no natural, como atropello, furtivismo o envenenamiento, y acometer tareas de persecución de delitos ambientales contra la especie.

Además, la Estrategia propone un protocolo común de verificación de daños y aplicación de baremos de pago que sea consensuado con las organizaciones agrarias y aprobado por las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y Agricultura.

Para apoyar estas actuaciones, el Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves destinar 20 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con el fin de financiar medidas preventiva s porque la evidencia indica que las explotaciones ganaderas que las aplican tienen menos ataques de lobo (10,5 millones) y compensar económicamente los daños junto a las comunidades autónomas (9,5 millones).