El Gobierno echa el cierre a Garoña

La decisión no ha sorprendido dado el escenario convulso en el que se debía adoptar. La planta, envuelta en debates en los últimos años por si continuaba o no, ha dividido a la distintas fuerzas políticas y el Gobierno habría estado solo si hubiera optado por alargar la vida de la central. Asimismo, también se había llegado a la ruptura de las dos socias propietarias de la misma. Iberdrola quería desistir por los costes -entorno a 150 millones- que implicaba su puesta en marcha de nuevo -lleva en parada desde diciembre de 2012- además de por la carga impositiva que soportan las nucleares y que fue el motivo por el que se optó por parar el reactor hace cuatro años y medio. Por su parte, Endesa, la otra dueña de Garoña, quería esperar a que se pronunciara el Gobierno, por si la decisión hubiese sido la de alargar la vida de la planta con condiciones empresariales más favorables.

La división entre las socias llevó incluso a que hace unas semanas cuando el Gobierno solicitó alegaciones a las partes, no llegaran a presentar sus propuestas. Entre las agrupaciones e instituciones que sí manifestaron su postura, sólo la Junta de Castilla y León y parte del entorno local de la planta se mostraron a favor de que el reactor volviera a estar en marcha.