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Las exigencias de Cs en el reparto de consejerías retrasa el acuerdo con el PP en Castilla y León

Acuerdan un documento con cien medidas y la composición de la Mesa de las Cortes

Mesa de negociación entre PP y Cs liderada por Mañueco e Igea, ayer en las Cortes F. HERAS

MONTSE SERRADOR

Tensa y larga negociación la que se vivió ayer en las Cortes autonómicas con las dos comisiones negociadoras de Partido Popular y Ciudadanos tratando de llegar a un acuerdo para gobernar en coalición Castilla y León. Muchas horas de debate que encallaron en el diseño de la estructura de la Junta y, concretamente, en el reparto de consejerías, punto en el que la formación de Albert Rivera elevó sus exigencias hasta el punto de pedir más de la mitad de los departamentos del Gobierno regional, lo que dejó las negociaciones en punto muerto hasta la próxima semana.

Donde sí hubo acuerdo fue en el programa que asumen y están dispuestos a aplicar las dos formaciones. Bien es cierto que este aspecto ya llegaba bastante cerrado a falta de flecos que ayer se pudieron coser definitivamente. De esta forma, se alcanzó a pactar un documento con cien medidas en las que se incluye también algunos aspectos relacionados con la regeneración. Además, se decidió que, de llegar al acuerdo definitivo para la formación de un gobierno de coalición, la presidencia recaería en el PP y la vicepresidencia en Ciudadanos.

Otro de los consensos fue el de la composición de la Mesa de las Cortes. Una vez asumido por todos que el portavoz de Cs en la pasada legislatura, Luis Fuentes, será el próximo presidente del Parlamento autonómico -a propuesta de la dirección nacional del partido- sólo quedaba distribuir los puestos. Así, el PP tendrá dos miembros; Cs otros dos (incluido el presidente), y PSOE, los dos restantes. Los nombres los decidirán cada grupo parlamentario en las reuniones que celebraran durante la jornada de hoy.

También educación

Pero en el reparto de consejerías las elevadas aspiraciones, en número, de Ciudadanos chocaron con un Partido Popular que no podía asumir perder tanto poder, cuando tiene 29 procuradores frente a los 12 de Cs. La Consejería de Sanidad es la principal demanda de la formación naranja , que en repetidas ocasiones ha dejado clara que ésta es una condición «sine qua non». Menos claras están las cosas con otra de sus reclamaciones, la de Educación, la «joya de la corona» de una comunidad que ocupa los primeros puestos a nivel mundial del informe PISA y de la que el PP no se quiere desprender.

No fueron los únicos desencuentros, ya que en materia de regeneración Cs sigue planteando algunas líneas rojas difíciles de asumir por los populares, como la limitación de mandatos y sus efectos retroactivos, de forma que la manera en la que se aplique y se redacte puede tener más o menos consecuencias entre los cargos del PP, con el actual presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como posible damnificado.

Los dos equipos negociadores analizaron durante la reunión un documento conjunto que, en principio, deberían rubricar. En él se recogen, entre otras cosas, que los dos grupos parlamentarios se comprometen a votar a favor de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. Se añade, además, que si algún procurador de PP o de Cs vota en contra de este candidato, será expulsado inmediatamente de su grupo.

Más de cuatro horas

Pasaban las cinco y media de la tarde cuando arrancó un encuentro que se prolongó hasta el anochecer y en el que los dos equipos llegaron reforzados. Por parte del Partido Popular, acudió el propio candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no estuvo en los encuentros anteriores y cuya presencia fue calificada como «buena cosa» por Igea. Estuvo acompañado por Francisco Vázquez, Raúl de la Hoz, Carlos Fernández Carriedo e Isabel Banco.

Por parte de Ciudadanos, a los habituales Francisco Igea, David Castaño, Gemma Villarroel y José María González, se sumaron los secretarios de programas de Valladolid y Burgos, José Miguel García y Manuel Mitadiel, respectivamente. En una pausa, el propio Igea admitió que por él no había ningún problema para que el documento se rubricarse después del viernes, día de la constitución de las Cortes.

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