La Junta augura el «peor» mes de abril en materia de desempleo

No obstante, desde la Comunidad ya se han tomado las primeras medidas para empresas y autónomos de cara a mitigar la difícil situación que se espera tras el paso de la pandemia —ayer el Bocyl publicó una línea de ayudas directas por valor de 121 millones—, mientras se trabaja también en la gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De los 31.655 presentados ya se han tramitado el 90 por ciento ­—28.550—. El 77 por ciento de ellos —21.897— son por causas de «fuerza mayor» , ha detallado Barrios, mientras que el 20 por ciento tienen alguna «peculiaridad» por cuestiones de competencia, duplicidades o alguna subsanación. Las denegaciones, ha afirmado, se han producido por no poder acreditarse «la fuerza mayor». En este punto ha destacado el «rigor» con el que están desempeñando su labor los profesionales de las oficinas de trabajo. «Se revisan los expedientes uno por uno» para ofrecer las «máximas garantías» y facilitar las «gestiones» de los trabajadores que tienen que ser «protegidos» . «Hay tantos ERTE que en diez minutos se resuelven más que en todo el año 2019», ha asegurado el consejero para hacer visible el volumen de trabajo de su departamento.

«La administración no está para dar silencios positivos, sino para resolver», ha remarcado en alusión a la medida impulsada por el Gobierno de dar por admitida una solicitud si a los cinco días no se producía una respuesta. Castilla y León decidió ampliar en otros cinco días ese plazo y, según ha detallado el titular de Empleo, «el silencio administrativo en la Comunidad ha sido reducidísimo, de un 2 o 3 por ciento». Y es que, el no dar una contestación puede conllevar más tarde «problemas» para las empresas por errores de tramitación que llegarían incluso a «sanciones» en algunos casos.

Barrios ya trasmitió en la conferencia sectorial a la ministra Yolanda Díaz su posición contraria a esa medida, algo que la titular de Trabajo «no entendió», y esta misma semana le ha enviado una carta con nuevas peticiones de Castilla y León, que además le mostró en el escrito su disposición para cooperar con los principios de «lealtad y cooperación». En primer lugar, la Comunidad solicita que se prorrogue la duración de los ERTE de fuerza mayor para aquellos sectores que «no se podrán recuperar tras el estado de alarma» , que se incluyan la construcción, la rehabilitación y la reforma de edificios como «actividades suspendidas» y que se abonen las prestaciones por desempleo a «los que tienen suspendido o reducido su contrato».

Para los autónomos, ha demandado que se pueda acceder a la prestación por cese de actividad «cuando su facturación se vea reducida en un 50 por ciento», ya que el límite del 75 por ciento «es excesivo»; que se aplace el pago de impuestos al segundo trimestre, «hasta el 20 de julio» y que extienda la tarifa plana otros seis meses, como ya ha hecho la Junta. Por último, exigió que reduzca el IVA de productos considerados de primera necesidad en esta crisis sanitaria, como son «los geles hidroalcohólicos, las mascarillas, las pantallas y todo lo que tiene que ver con los equipos de protección».

Por el momento, la Consejería de Empleo no ha obtenido respuesta por parte del Gobierno central, cuya propuesta de una renta mínima para las personas más vulnerables «no es una medida de innovación», ha expresado Barrios. «Castilla y León ya tiene un instrumento así y las personas con mayores necesidades están atendidas» , ha asegurado.

El consejero ha explicado que aún se desconoce si la ayuda que plantea el Ejecutivo nacional será compatible o no con las que ya poseen algunas comunidades. «Lo importante es que se vinculen a la activación en el empleo», ha expresado, y puso como ejemplo el caso de la Comunidad, donde su Renta Garantizada de Ciudadanía está unida a la búsqueda de un puesto de trabajo.