Castilla y León apura hasta última hora su plan de respuesta a la caída del estado de alarma

De ahí, que los servicios jurídicos de la Junta tengan que afanarse hasta el próximo jueves, cuando se reúne el Consejo de Gobierno, para analizar qué medidas puede adoptar el Ejecutivo autonómico a partir del día 9 sin que necesiten la aprobación de los tribunales o acaben en el juzgado al ser recurrida por un colectivo o particular, cosa bastante probable.

De momento, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró ayer que la intención de la Junta es mantener las restricciones fijadas por el denominado «semáforo» de riesgo, lo que supone que limitaciones como el cierre del interior de la hostelería y de las casas de apuestas se aplicarían en aquellos municipios con una incidencia a catorce días de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes. Insistió, una vez más, en la necesidad de que el Gobierno de la nación apruebe una ley de pandemias o de salud pública , cosa inviable a estas alturas, y advirtió de que las medidas que se han adoptado hasta el momento «son efectivas», por lo confió en que «se tome una decisión en breve para que no nos quedemos desprotegidos».

«Es necesario un paquete de medidas, a partir del domingo», dijo, y alertó de que la situación en la que se encuentra el País Vasco, con la incidencia por Covid disparada, tiene que ver con el hecho de que los tribunales rechazaron el cierre del interior de la hostelería decretado por el Gobierno de esa autonomía. Eso sí, Verónica Casado reclamó que si se decide ampliar el estado de alarma, se haga en todo el territorio nacional y no sólo en algunas comunidades.

En cualquier caso, no ocultó su preocupación por lo que suceda a partir del domingo cuando ya no haya toque de queda. De hecho, todo apunta a que se podría mantener un horario de cierre de la hostelería, pero esa situación puede acabar en botellones y más reuniones y fiestas en viviendas. «No sé muy bien qué pasará», confesó la consejera aunque, en este punto, demandó la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de ayuntamientos y diputaciones para evitar comportamientos como, por ejemplo, beber en la vía pública. «Todavía la situación no es buena, así que encontrar el marco legal nos preocupa mucho», insistió, si bien reconoció que cualquier actuación que limite la libertad de movimiento de las personas tendría que pasar por lo tribunales «y no queremos judicializar la situación».