El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, junto con uno de los afectados, Guillermo Suils, y el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga
El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, junto con uno de los afectados, Guillermo Suils, y el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga - ICAL
Archivo de Salamanca

La Asociación Salvar el Archivo inicia una recogida de firmas para la devolución de los papeles de Salamanca

Cada vez que alguien firme le llegará un correo electrónico al presidente de la Generalitat de Cataluña

SalamancaActualizado:

Los presidentes de la «Asociación Salvar el Archivo de Salamanca», Policarpo Sánchez, y de «HazteOir.org», Ignacio Arsuaga, presentaron este jueves en Madrid una campaña de recogida de firmas por Internet para exigir a la Generalidad de Cataluña la devolución de alrededor de 400.000 documentos procedentes del Archivo General de la Guerra Civil Española que, a juicio de ambos, retiene en contra de la ley. La campaña llega en el momento en el que se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dicte sentencia a un largo proceso judicial iniciado hace dos años por Sánchez.

Arsuaga aseguró también que junto a la campaña ciudadana de recogida de firmas por Internet que se inicia este jueves, su ONG va a tratar de apoyar económicamente a Sánchez en su batalla judicial contra la Generalidad de Cataluña.

Además destacó que cada vez que alguien firme la petición de devolución de los papeles a Salamanca, «le llegará un correo electrónico al presidente de la Generalidad», Carles Puigdemont. En este sentido, Sánchez añadió que «con su firma» los ciudadanos piden «lo mismo que estoy haciendo por la vía judicial, que Puigdemont cumpla la ley, acate las sentencias y devuelva lo robado».

Según dijo este jueves el presidente de «Salvar el Archivo de Salamanca« en una presentación ante los medios en la sede de «HazteOir.org», es «imposible no ganar» ese pleito, por lo que «la Generalidad de Cataluña va a tener que devolver los papeles robados». En este sentido, Policarpo Sánchez recordó que el pasado martes, 8 de marzo, las partes presentaron ante el TSJC el escrito de conclusiones, lo que supone el último trámite en la demanda que él personalmente presentó contra la Generalitat hace dos años. «Al no haber vista oral, la presentación del escrito de conclusiones por ambas partes es el equivalente a la celebración del juicio», argumentó Sánchez.

Sánchez, que trabajó como investigador en el Archivo de Salamanca, espera por tanto que el TSJC le de la razón en los cinco puntos en los que se fundamenta su demanda. El primero es que no se cumplió la ley que amparaba el traslado de documentos en el sentido de que únicamente deberían haberse llevado aquellos «incautados en Cataluña a particulares con residencia o domicilo en esa Comunidad». Por el contrario, explicó Sánchez, se trasladaron miles de ellos relativos a comunidades como la Valenciana, Murcia, Mardir, Cantabria, Asturias, Aragón y Andalucía.

El segundo punto de la demanda sostiene que la Generalitat no ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2013 en la que, según afirmó Sánchez, los magistrados dejaron claro que la finalidad del traslado a Cataluña de los documentos debía ser su restitución a los propietarios y en caso de no aparecer éstos debían ser devueltos al Archivo de Salamanca. Según denuncia el demandante, la Generalitat «se niega a hacerlo y se ha apropiado» de los documentos. A su juicio es evidente que muchos de esos papeles no tienen dueño porque pertenecían a asociaciones desaparecidas hace muchos años, como por ejemplo la «Asociación de Amigos de la Unión Soviética» o la «Alianza de la Intelectuales Antifascistas», «creada por Rafael Alberti». Tal y como explicó Sánchez, «la Generalidad alega que sigue buscándolos» cuando es de conocimiento público que ya no existen.

Por eso, en el tercer argumento de la demanda, Policarpo Sánchez expone que existe un «fraude de ley» por parte del Gobierno catalán que «está entregando los documentos a entidades de nueva creación que nada tienen que ver con aquellas que sufrieron la incautación». Sánchez puso como ejemplo lo ocurrido con documentos del PSOE de Asturias que fueron trasladados «ilegalmente» de Salamanca a Cataluña y que la Generalidad ha entregado al Centro Asturiano de Barcelona.

En cuarto lugar, la demanda pone de manifiesto que «miles de documentos» salieron del Archivo de Salamanca «sin digitalizar», en contra de lo que establecía la ley, que obligaba a realizar una copia «complusada» y dejarla en depósito en la capital charra.

Por último, el quinto argumento de la demanda asegura que «no se sabe» qué documentos concretos salieron de Salamanca ya que no se realizó un inventario de los mismos. Sánchez asegura que el TSJC pidió ese listado al ministerio de Cultura pero que el Subdirector General de los Archivos Estatales, Severiano Hernández, reconoció que no existe y que no es posible realizarlo ya para lo que alegó una «imposibilidad material, técnica y también jurídica». Es por eso que Sánchez le considera «autor material junto a la Generalidad de Cataluña de vulnerar la ley y expoliar el Archivo de Salamanca». No obstante, según explicó, se calcula «por el número de cajas» trasaladadas a Cataluña que la Generalitat se llevó entre 1.100.000 y 1.400.000 documentos de los que unos 400.000 deberían ser devueltos.

A la espera de la decisión definitiva del TSJC, que puede demorarse varios meses, Sánchez considera que «estamos en una pelea judicial de 'David contra Goliat' en la que la Generalidad ha usado toda su maquinaria para tratar de impedir que el proceso siguiera adelante». Así denunció que la denuncia pública del «expolio» le costó ser despedido del Archivo de Salamanca donde trabajaba como investigador desde 1998. Igualmente, afirmó que mediante recursos y dilaciones intencionadas han intentado asfixiarle económicamente ya que ha tenido que hacer frente a unos costes de unos 14.000 euros que han salido íntegramente de su bolsillo. Es por eso por lo que espera que la Generalidad, en consonancia con esta estrategia, recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJC. No obstante, asegura que en cuanto el máximo tribunal catalán dicte sentencia pedirán la ejecución de la misma «donde corresponda».