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El TC admite a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la Ley de Caza de Castilla y León

El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda a instituciones como el Gobierno, las Cortes y la Junta para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes

ABC
MadridActualizado:

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada en marzo de 2019, y contra la disposición transitoria de esta norma.

La Institución considera que algunos preceptos legales vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al regularse directamente por ley las especies cinegéticas y cazables en Castilla y León, y los periodos y días hábiles de caza en esta comunidad, además de permitir el ejercicio de la caza directamente por ley, con lo que se impide el acudir a los tribunales ordinarios.

Por otra parte, según trasladaron fuentes del Defensor del Pueblo a través de un comunicado el día de la presentación del recurso, la Ley de Caza trata de medidas adoptadas «sin contar con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas». Con ello, en opinión del defensor, «se vulnera la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres».

Marugán ve motivos de «inconstitucionalidad» porque esta ley «se promulga con la intención de eludir el cumplimiento de los autos del TSJ de Casilla y León que de forma cautelar paralizaron a finales de febrero la caza en esta comunidad tras suspender el decreto autonómico 10/2018 que regulaba las especies que se podían cazar, precisamente por carecer de los estudios científicos y técnicos necesarios».

El Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.