El Gobierno regional denunciará a las personas que amenazaron de muerte a la doctora

La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, afirmó que la Junta tiene la obligación de proteger la dignidad de e integridad física de esta profesional, que tuvo que activar el botón del pánico.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para saber de «dónde» parten esas amenazas , según confirmó el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha, que ha condenado el intento de agresión, aseguró que no son los médicos quienes deben protegerse, «sino que debe ser nuestra empresa, en este caso el Sescam, quien adopte las medidas necesarias para evitar estas situaciones».

«Por enésima vez», exigió un plan de prevención de agresiones a sanitarios que esté dotado económicamente para implementar tanto los recursos humanos como los medios de seguridad en los centros de salud y hospitales. Eso permitiría responder con rapidez, calidad y seguridad a las demandas asistenciales de la población, «que de esta forma dejará de convertir al profesional sanitario en responsable de su frustración».

«Creemos, y así lo hemos reiterado en otras ocasiones, que el Observatorio de la Violencia del Sescam no debe ser un foro solo de información, donde se recojan las cifras de los compañeros que han sido agredidos, sino también un instrumento capaz de tomar decisiones para prevenir y evitar este tipo de situaciones», demandó el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha en un comunicado de prensa.

Considera, de igual modo, que en ese plan de prevención de agresiones se deben evaluar las instalaciones y la situación de cada puesto de trabajo en cuanto a seguridad, dotándolas de los medios de vigilancia y seguridad necesarios. Igualmente, que se compruebe que cámaras, botones del pánico, alarmas, habitaciones del pánico o cerraduras se encuentran en las debidas condiciones de funcionamiento efectivo y son los adecuados.

«También deben evaluarse los edificios e instalaciones sin que se dé el caso de consultas y dependencias que son verdaderas ratoneras sin salida ante una agresión. En los centros habitualmente conflictivos deben contratarse vigilantes de seguridad de igual forma que se contratan para cualquier delegación de la Administración pública», afirmaban desde el Sindicato Médico.

Reclama que se informe y forme a los profesionales sobre los riesgos y actitudes ante una agresión y el Sescam «no debe eludir la explicación a los usuarios sobre los nuevos condicionantes» que la pandemia ha traído a la asistencia de los pacientes con un aumento de las consultas telemáticas.

«El déficit de recursos humanos y materiales, así como la mayor carga de trabajo a la que ha llevado la pandemia, no son responsabilidad de los profesionales -añadieron-; los gestores sanitarios deben informar a la población de esta nueva situación, para que el usuario no culpe al profesional de las demoras en recibir la asistencia esperada».

Por último, volvieron a insistir en que el Sescam debe personarse y denunciar de oficio ante los tribunales «todas y cada una de las agresiones, incluidas las verbales».