Piden 2 y 9 años para los acusados de amenazas e intento de homicidio al dueño de un empresa de desokupación en Illescas

Según el escrito de acusación provisional, los hechos se remontan a las 22:00 horas del 26 de mayo de 2024, cuando S.A.T.M, jefe de una empresa dedicada a la negociación para el desalojo de ocupaciones ilegales de viviendas, acudió en compañía de otros trabajadores de la misma a una vivienda sita en la localidad de Illescas.

Una vez allí, señala el fiscal, fueron recibidos por una multitud de vecinos que les increparon y amenazaron a fin de que cesaran en su actitud. En un momento dado, el acusado W.L.H. se dirigió, «en actitud desafiante y esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones«, hacia S.A.T.M. y, con ánimo de causar en el mismo una sensación de temor y desasosiego, le espetó: »Ahora vais a ver. Os vamos a matar«.

Finalmente, S.A.T.M. consiguió inmovilizar a dicho acusado sin que éste llegara a causarle lesión alguna, apunta el Ministerio Público, que añade que minutos más tarde, el acusado J.R.V.R., guiado por la intención de acabar con la vida de S.A.T.M. y sus compañeros de trabajo A.B.J. y C.M.G.P., disparó un arma de fuego hasta en nueve ocasiones hacia el lugar en que se hallaban, no logrando alcanzar a ninguno de ellos.

En las inmediaciones del lugar en el que sucedieron los hechos se hallaron siete vainas percutidas del calibre 9 milímetros, cinco proyectiles detonados y seis orificios de bala en la fachada del edificio sito en la localidad de Illescas.

El acusado J.R.V.R. fue detenido por estos hechos el día 17 de septiembre de 2024, decretándose su prisión provisional 18 de septiembre de 2025 en virtud de auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 8 de Illescas.

En este sentido, el Ministerio Público solicita para W.L.H. dos años de prisión por un delito de amenazas, afirmando que cabe la sustitución íntegra de la pena de prisión por expulsión del territorio español con una prohibición de regreso por tiempo de 8 años a contar desde la fecha de la expulsión.

Asimismo, apunta que para el acusado J.R.V.R. pide la pena de 9 años de cárcel por intento de homicidio y que cabe la sustitución parcial de la pena de prisión por expulsión del territorio español. En concreto, apunta que procede exigir el efectivo cumplimiento de 3 años de cárcel y la sustitución del resto de la pena por expulsión con una prohibición de regreso por plazo de 10 años.