Ordenan la repetición del juicio por el asesinato de la «mujer de cristal» de Mora

Tras el recurso de apelación presentado por la defensa, la Sala de lo Civil y Penal ha declarado la nulidad de esa sentencia y asegura en su fallo que el jurado, presidido por el magistrado Juan Manuel de la Cruz, no motivó su dictamen lo suficiente, con independencia del veredicto. Según la Sala, no constan los elementos de convicción y una «sucinta explicación» de las razones por las que el jurado declaró o rechazó declarar como probados unos determinados hechos. Por ello ordena devolver la causa a la Audiencial Provincial de Toledo para la celebración de un nuevo juicio, con presidente y jurado diferentes.

A Rafael Pérez-Moreno, abogado de la familia de Cristina Martín , no le ha sorprendido la sentencia del TSJ, de 16 páginas, para la que no cabe recurso de casación. «Está bien fundamentada y no me sorprende que la Sala ordene repetir el juicio», ha afirmado a ABC el letrado, ya que el presidente del jurado debía haber devuelto el objeto del veredicto al tribunal por defectos en la forma, según el TSJ. « Es algo parecido a lo que sucedió en el juicio del 'Chicle' en el asesinato de Diana Quer . Allí se devolvió el veredicto al jurado para que subsanase los defectos», ha puesto el abogado como ejemplo.

No hay un plazo máximo fijado para la repetición de la vista oral, aunque Pérez-Moreno espera que sea pronto. «Tenemos prorrogada la prisión preventiva de José Rafael García desde febrero de 2019, por lo que tenemos de plazo hasta febrero de 2021. Si no hubiese juicio antes, debería quedar en libertad», ha manifestado el letrado.

Después del veredicto de culpabilidad del jurado, alcanzado por unanimidad (9 votos a favor), la Audiencia Provincial de Toledo condenó en abril a José Rafael García a la prisión permanente revisable por asesinar con un cuchillo a Cristina, de 38 años y aquejada de una enfermedad que le impedía moverse. Ocurrió el 5 de febrero de 2017. El presidente del tribunal señalaba en su sentencia que concurrían las circunstancias agravantes de ser la víctima una persona especialmente vulnerable por su enfermedad y discapacidad, además de las agravantes de parentesco y de género.

También inhabilitaba a José Rafael para el ejercicio de la patria potestad de la hija que tenía con la víctima, así como le prohibía acercarse a ella o comunicarse por cualquier medio.