Aceptan un año y medio de prisión por defraudar miles de euros a la Seguridad Social

Los dos hosteleros, a los que se les reconoce la atenuante de dilaciones indebidas (retrasos en el trámite del proceso), admitieron en la Audiencia de Toledo los hechos que les imputaba la Fiscalía. El Ministerio Público pedía en principio tres años de cárcel para cada uno por no abonar las cuotas a la Seguridad Social de la fundación con la que sostuvieron la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo. Con ella llegaron a tener abiertos al público dos restaurantes y alcanzaron una deuda global de 425.838,17 euros. Esta cifra se correspondía al periodo entre agosto de 2005 y octubre de 2018, siendo la cantidad principal 318.113,82 euros y el resto, recargos e intereses derivados.

Sobre la responsabilidad civil, se ha fijado en 7.371,56 euros, pues es la cantidad de la abultada deuda que, según la Tesorería General de la Seguridad, queda por abonar a día de hoy.

En abril de 2019, al difundir ABC su detención por parte de la Policía Nacional, enviaron un comunicado al periódico para desmentir al instituto armado. «No hay ninguna trama empresarial para delinquir», afirmaba Manuel Conde. Instaba «a rectificar inmediatamente las acusaciones vertidas» en la información sobre él y Viana, además de negar su arresto. «No es cierto que nos hayan detenido. No es cierto que nosotros hayamos creado grupos fraudulentos de empresas o sociedades patrimoniales con la intención de delinquir», aseguraba.

Carlos Viana fue el presidente de la Fundación Cofradía del Ciento y Manuel Conde, el director de la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo desde 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019. Con este nombre operó la fundación, que gestionó la escuela y explotó dos restaurantes. Sin embargo, no pagaba la cotización por los trabajadores, con lo que contrajo una deuda de 425.832,17 euros con la Seguridad Social.

Durante trece años, entre 2005 y 2018, la fundación solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social hasta cinco aplazamientos de deuda, pero fueron incumplidos. Entre 2015 y 2018, el agujero se incrementó «de modo considerable», según la Fiscalía. En esos cuatro años, la cifra se disparó hasta los 230.380,79 euros, excluyendo intereses y recargos, y es la cantidad que se ha fijado como la cuantía de la multa en el acuerdo.

Los dos acusados quisieron seguir operando y constituyeron en 2009 la sociedad Gestión y supervisión de empresas S. L. Manuel Conde era el presidente y consejero delegado, mientras que Carlos Viana, vicepresidente y también consejero delegado. Entre esta sociedad y la fundación hubo continuos trasvases de trabajadores, sobre todo a partir de 2014, y también pagos de nóminas.

Además, ambas entidades tuvieron los mismos datos de contacto, como el número del teléfono fijo, el correo electrónico o el sitio web; y entre 2015 y 2018 compartieron el mismo domicilio social, en la ciudad de Toledo. Asimismo, los gastos de gas, agua y electricidad fueron pagados por la fundación, «a pesar de que carecía de ingresos», según la Fiscalía, mientras que la otra sociedad tenía ingresos y no abonaba ninguno de esos costes.