Entrevista
«El problema es el impacto negativo que la subida del SMI pueda tener en el empleo»
Manuel Madruga, secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto)
En medio del debate nacional se encuentran las medidas económicas y laborales que tiene previsto aplicar el nuevo gobierno. Para analizarlas, ABC ha conversado con el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga .
¿Cómo ven los empresarios las medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno?
Desde el punto de vista empresarial, nos encontramos con unas medidas muy poco concretas, que se traducen en subidas de impuestos y más gasto público que tampoco se especifican demasiado. Tendremos que esperar a ver cómo se pretende legislar finalmente sobre todos estos asuntos. De momento, los anuncios, si algo generan, es incertidumbre entre las empresas.
¿Temen subidas de impuestos?
No es que las temamos, es que están ahí. El plan de estabilidad presupuestaria del gobierno de España implica un incremento del gasto público de 35.000 millones de euros. Lo que se preguntan los empresarios es cómo se va a pagar eso y quién lo va a pagar.
Se dice que lo van a pagar las rentas más altas.
Las subidas de impuestos a las rentas más altas, según estimaciones del propio gobierno, suponen 338 millones de euros de recaudación. Si estamos hablando de que hay que recaudar 35.000 millones, la afirmación de que ese gasto público lo van a afrontar los ricos es irreal.
Entonces, para Fedeto, las medidas de gasto público anunciadas ¿quién las va a pagar?
La conclusión de Fedeto es que las van a pagar, a través de impuestos indirectos, las clases medias y bajas, y también las altas, pero no sólo estas últimas. También las van a pagar las empresas a través de los impuestos directos y de las subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Al margen de esos 338 millones, se anuncia un impuesto digital a las grandes empresas del sector para afrontar parte del gasto público.
Sí, pero ¿quién cree usted que va a pagar ese impuesto realmente? Sin duda, las empresas del sector lo van a repercutir a sus clientes: pequeñas y medianas empresas, autónomos y consumidores de todas las clases sociales que ya no pueden vivir ni trabajar si no es en el mundo digital. Por lo tanto, ese impuesto lo vamos a pagar todos.
¿Piensa lo mismo del impuesto a las transmisiones financieras?
Absolutamente. Lo hemos vivido en el pasado cuando se impuso al sector financiero las cargas hipotecarias. Este impuesto se repercutirá a todos los clientes de las entidades financieras.
¿No es eso injusto?
Injusto no lo sé, pero ¿qué haría usted en su lugar? Si está sometido a unas normas que imponen el Estado y Europa y a unas reglas de mercado que fluctúan, Dios sabe cómo, y de repente le dicen que le suben los impuestos, simplemente por hacer lo mismo que usted hacía ayer, sólo le dejan dos caminos: o cierra partes de su negocio y reduce plantilla o repercute ese gasto a sus clientes. Lo injusto no es repercutir ese mayor coste a los clientes, lo injusto es establecer ese impuesto.
Las medidas de gasto público las van a pagar las clases medias y bajas, no solo las altas como se plantea
Qué le parece la propuesta de que los autónomos coticen por sus ingresos reales?
Pues que va a suponer una subida de las cotizaciones al 70% de los autónomos, que son los que actualmente están cotizando por la base mínima. Realmente esta propuesta es un «caballo de Troya». Se nos quiere convencer de que cotizando por sus ingresos reales los autónomos cotizarán menos, pero se va a provocar justo lo contrario. Cuidado con esto.
Qué piensa Fedeto acerca de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros acordada el pasado 22 de enero?
Para Fedeto, la cuestión no es esta subida en sí que representa un incremento del 5%, que no es poco. La cuestión es que, en dos años, 2019 y 2020, el SMI ha subido un 27%. No conozco ninguna empresa, del tipo que sea, que haya experimentado un crecimiento en su facturación del 27% en esos dos años. El problema al que nos enfrentamos es al impacto negativo que estas subidas pueden tener sobre el empleo, y en este sentido vemos que no es una medida acertada. Y lo preocupante es que estamos en el primer año de la legislatura y quedan tres por delante. Ahora la subida se ha acordado en el seno del diálogo social, lo que ha permitido que haya sido menor que la anunciada en campaña electoral. Pero el compromiso del gobierno es elevarlo en esta legislatura a 1.200 euros, por lo que puede que, en los sucesivos años, ese incremento ya no se materialice por acuerdo, sino por imposición, para cumplir un compromiso electoral.
Peligro para el empleo
Pero el gobierno dice que se ha demostrado, en 2019, que el empleo no se ha visto afectado por la subida del SMI y lo mismo dicen los sindicatos.
Pues no sé qué datos estarán manejando. Yo me quedo con lo que dijo el secretario de Estado de la Seguridad Social: que la subida del SMI ha implicado, en 2019, un trasvase de empleo a la economía sumergida en sectores tan sensibles como el de la agricultura y el de empleados de hogar. La subida del SMI se nos vende como una medida social, pero nadie explica que detrás de esa subida se esconde otra, la de las bases mínimas de cotización, es decir, la del impuesto sobre el empleo que pagan las empresas a la Seguridad Social al contratar a un trabajador.
Pero no es eso lo que está diciendo el Gobierno...
Es que no hace falta que lo diga el Gobierno, lo dice la propia Ley de Seguridad Social, creo recordar que en su artículo 19, en el que se afirma que, salvo disposición en contra del gobierno, las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto.
Si la ley dice «salvo disposición en contra del gobierno» ¿el nuevo gobierno podría evitar que con la subida del SMI se subieran las cotizaciones en todos esos regímenes de la Seguridad Social o, al menos, en el general que es el que afecta al empleo?
Sí.
¿Así de rotundo?
Sí. Lo dice la Ley de Seguridad Social. Por lo tanto, así de rotundo lo dice Fedeto. El gobierno puede evitar, si quiere, que la subida del SMI produzca el efecto automático de que suban las cotizaciones a la Seguridad Social.
Negociación colectiva: supone un aumento de la masa salarias que resulta insostenible para empresas que tienen un convenio
¿Aplicó el gobierno en 2019 esa «disposición en contra» para evitar el efecto automático de subida de las cotizaciones por la subida del SMI?
Respecto de la contratación laboral, no. Por eso, desde 2019 pymes y autónomos pagan más en cotizaciones sociales por sus trabajadores. Y lo peor es que los trabajadores no se llevan a casa ni un euro más. Puede que incluso se lleven menos. Porque a los trabajadores, aunque en mucha menor cantidad, también les ha subido lo que cotizan a la Seguridad Social por el efecto arrastre de la subida del SMI.
¿Cree que el gobierno adoptará una disposición de este tipo en 2020?
Está por ver, pero no parece que vaya a hacerlo porque el camino que se ha trazado, prometiendo entre otras cosas subir las pensiones lo mismo que el IPC, va a requerir de mayores cotizaciones. Pero en opinión de Fedeto lo que debería hacerse no sólo es evitar que las bases de cotización se incrementen el 5% que ha subido ahora el SMI, además lo que se debería hacer es reducir las bases mínimas de cotización que, por efecto de la subida del SMI, ya se incrementaron un 22% en 2019. El gobierno puede hacerlo aplicando esa disposición que prevé el artículo 19 de la Ley de Seguridad Social.
Efectos del SMI
Muy probablemente. Los sindicatos van a pretender mantener la equidistancia actual entre el SMI y los salarios de convenio. Después de anunciar la subida del 22% del SMI, en 2019 el proceso de negociación colectiva sectorial y de empresas ha sido bastante complicado, dando lugar a que los sindicatos pretendieran elevar los salarios de convenio por encima de lo que resulta razonable en estos momentos.
¿Cómo perciben esto las empresas?
Pues como un aumento de la masa salarial que resulta insostenible para empresas que tienen convenio propio, y también para las que se regulan por su convenio sectorial. No todos los sectores han afrontado la crisis y sus consecuencias del mismo modo. Algunos sectores, como el comercio o la agricultura, todavía no se han recuperado. Pero, además, va a resultar insostenible para algunos territorios concretos, como en nuestro caso Talavera de la Reina, ciudad que tiene una tasa de paro próxima al 30% y que ha visto como se destruía su tejido empresarial en un 19% en los últimos años. Si a esto le unimos el hecho de que, con el nuevo Estatuto de los Trabajadores que se pretende promulgar, se quieren endurecer las cláusulas de descuelgue de los convenios, la situación de las empresas puede ser muy complicada.
Sin embargo, gobierno y sindicatos afirman que subiendo el SMI, y con él los salarios de los trabajadores, se generaría más consumo ¿No sería esto positivo para la economía?
Si eso fuera verdad, en vez de haberse subido los salarios a los funcionarios un 2% en el pasado Consejo de Ministros, se les habría subido un 10%. De hecho, el año pasado los salarios en España subieron una media de un 2,3%, pero en vez de subir el consumo, lo que subió fue la tasa de ahorro, según el INE, un 19,3% de la renta disponible, su valor más alto en diez años. Lo que quiero decir es que los españoles consumen en función de su confianza en el futuro, no sólo por una subida salarial que, por otra parte, les puede elevar las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y así llevarse menos dinero a casa. Pero además, si los costes de los productos y servicios de las empresas se encarecen, como consecuencia de unas subidas salariales no acordes a la realidad económica, y no pueden ser repercutidos en factura, cosa que pasa en la mayoría de los sectores, lo que puede ocurrir es que las empresas se vean obligadas a reducir sus costes, entre otros los laborales, y eso puede implicar la destrucción de puestos de trabajo.
Permiso de paternidad
¿Qué les parece a los empresarios que el permiso por paternidad suba de 8 a 12 semanas y que se quiera equiparar a la baja por maternidad?
Cualquier avance social respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar no debería suponer una injerencia en el ámbito de la familia, que es donde se debe decidir libremente quién deba estar con el recién nacido y durante qué periodo de tiempo. En la mayor parte de los países nórdicos y anglosajones, que son los que se nos suelen poner como ejemplo, los gobiernos dictan normas que otorgan mayor flexibilidad a las familias, no les imponen obligaciones de este tipo. En todo caso, este incremento del permiso por paternidad plantea en las empresas situaciones de reorganización de plantilla y parece que nadie se da cuenta de que en España el 90% del tejido empresarial es muy pequeño, con plantillas muy reducidas. En estas empresas la reorganización es, si no imposible, sí verdaderamente difícil.
Otra medida anunciada es que se va a derogar la reforma laboral y se va a promulgar un nuevo Estatuto de los Trabajadores ¿Cómo perciben los empresarios estos anuncios?
Con inquietud. La realidad nos dice que la reforma laboral supuso que no se cerraran más empresas en los momentos más duros de la crisis. Y eso porque permitía al empresario adoptar sus propias decisiones sin injerencias administrativas o sindicales. Eso no significa que el empresario abusara de los derechos de nadie, sino que la ley le permitió hacer lo que no le quedaba más remedio que hacer ¿Fue trágico? Sin lugar a dudas, pero tristemente la realidad económica lo impuso. Por eso, el anuncio de que se va a derogar la reforma laboral y que se va a promulgar un nuevo Estatuto está provocando que el empresario se quede quieto y a la expectativa de lo que se pueda regular en el futuro. Salvo necesidad extrema y urgente, el empresario no va a contratar sin saber cómo se van a modificar mañana las condiciones laborales bajo las que contrataría hoy.
Pero estas medidas se anuncian para tratar de evitar la precariedad en el empleo, para que haya más empleo fijo y menos temporal ¿Por qué temen tanto los empresarios la contratación indefinida?
Vayamos por partes. Al mercado laboral se le llama «mercado» no por casualidad, sino porque está íntimamente ligado a la evolución de la economía. Por eso, cuando el ciclo económico es positivo se contrata más, pero no porque el empresario sea un arcángel. Por el contrario, cuando el ciclo es negativo se contrata menos y se reducen plantillas, pero no porque el empresario sea un demonio, sino porque la realidad económica se lo impone. Por lo tanto, el empresario no tiene miedo a la contratación indefinida, lo que tiene es alergia a la incertidumbre. Cuando no sabe lo que va a pasar no se arriesga a contratar de esta forma. Pero si a esto le unimos que la normativa laboral que se pretende poner en marcha puede ser más rígida, y que esas decisiones deban venir avaladas por la administración y con el visto bueno de los sindicatos, pues el empresario se lo piensa mucho antes de contratar.
Ha sido muy polémica la afirmación de que se quiere derogar el despido basado en bajas médicas ¿Qué opinión tiene Fedeto al respecto?
Nos gustaría conocer las estadísticas que demuestran que es necesario derogar esta causa de extinción de los contratos. No creemos que sea muy amplia, la verdad. Lo que nadie en su sano juicio se cree es que los empresarios estén esperando a que sus empleados se pongan enfermos para despedirlos.
¿Qué puede implicar la medida anunciada de derogar el ámbito temporal de los convenios colectivos?
Que su vigencia será eterna, es decir, que mientras no se cierre la negociación del nuevo convenio permanecerá vigente el anterior. En definitiva, que se dota de mayor poder de negociación a los sindicatos, que no tendrán prisa por cerrar la nueva negociación y que partirán de unos derechos consolidados previos inamovibles; los del convenio anterior.
Se propone también modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre subcontratación de servicios por parte de las empresas ¿qué puede implicar esta medida?
Una injerencia absoluta en el derecho a decidir de las empresas, que van a ver limitada su capacidad legal de poder acudir a la subcontratación. En definitiva, que el gobierno, lo público, va a decidir por las empresas el modelo que tienen que utilizar para llevar a cabo su actividad económica, aunque ese modelo no sea competitivo según los cánones de la gestión privada. La subcontratación no tiene por qué ser algo negativo si se utiliza bien. Ilegalizarla no es la solución. Tenemos que obrar en esto analizando cómo actúan otros países que son nuestros competidores directos en este mercado global. Si no lo hacemos estamos perdidos. Lo que no se puede pretender es, por un lado, aplicar las políticas de Europa, que son muy rígidas en materia de restricción de la competencia y, por otro, actuar limitando nuestra capacidad de competir en igualdad de condiciones con el resto de países europeos.
Se ha anunciado que se quieren revisar los contratos formativos ¿Qué piensan los empresarios sobre esto?
El uso de los contratos formativos por parte de las empresas se ha reducido un 60% en los últimos años por su rígida regulación actual. Si revisar este tipo de contratos significa volver a convertirlos en contratos útiles para la formación de los trabajadores en las empresas será un acierto. Si la revisión es para hacerlo más rígido, sólo supondrá su desaparición efectiva.
Se habla de revisar las causas del despido basado en causas económicas, organizativas o de producción ¿Qué le parece esto a Fedeto?
Se trata de una modalidad de despido que tiene su origen en causas económicas, organizativas o de producción, es decir, que entran de lleno en el ámbito más íntimo de análisis, valoración y decisión de las empresas Esto significa una nueva injerencia de la administración, que será quien autorice, en primera instancia, si la medida adoptada por la empresa es adecuada o no. En definitiva, supone implantar un sistema de aval administrativo. Un dislate.
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