Page presenta una ley «pionera» para acabar con la violencia machista

Esta ley, que ha recibido el visto bueno en el Consejo de Gobierno, será remitida al Consejo Consultivo y volverá a pasar por el Consejo de Gobierno, para después aprobarse en las Cortes regionales, un trámite que el presidente regional, Emiliano García-Page , espera que sea por unanimidad. Así lo dijo durante un acto celebrado en el Palacio de Fuensalida, en el que estuvo acompañado por la directora general de la Mujer, Araceli Martínez, y el consejero portavoz, Nacho Hernando.

«Hoy es uno de los días más importantes en la agenda política de este año», reconoció García-Page, que recordó el papel «pionero» a nivel europeo que tuvo Castilla-La Mancha con la aprobación de la primera legislación en esta materia en 2001, con José Bono en el Gobierno regional.

El presidente regional aseguró que la nueva normativa «es una ley trascendente» ya que combate de raíz una doble tendencia humana hacia la violencia y la desigualdad, al mismo tiempo que ofrece tanto a las mujeres víctimas de violencia machista como a sus hijos el «panorama más amplio» de sensibilización, educación, ayuda, amparo y garantía de seguridad en la lucha contra la violencia machista de cuantas existen actualmente.

La nueva ley recoge «una casuística muchísimo más amplia , pormenorizada y sensible» que la de 2001 porque comienza, por primera vez, a hablar de los hijos de la violencia machista y que extiende el espectro de personas amparadas por esta normativa, «empezando por las madres de los hijos que son víctimas de violencia de género».

Del mismo modo, destacó el alto grado de participación con el que ha contado esta normativa en su confección, aunque, como adelantó García-Page, esta nueva normativa estará abierta a futuras modificaciones que, como ahora, consigan adaptarla a las necesidades que vayan surgiendo y a la realidad del contexto social del momento.

El presidente del Ejecutivo castellano-manchego insistió en el carácter trasversal de las políticas de igualdad, que impregna tanto las decisiones como los programas y planes que dependen de «todas y cada una de las áreas» de gestión de la Administración regional. «Todas las decisiones de gobierno han pasado por el filtro de las políticas de igualdad en su conjunto y, particularmente, por las políticas de igualdad entre hombres y mujeres», explicó García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha aprovechó la comparecencia para pronunciarse sobre la sentencia de «La Manada» y calificó de «inaceptable» el voto particular de un magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra que pidió la absolución de los cinco miembros de «La Manada».

García-Page aseguró que respeta el veredicto de los tres jueces que formaban parte del tribunal, aunque también defendió que «el respeto y el acatamiento de las normas no supone el silencio ante decisiones que son absolutamente contra natura» desde el punto de vista jurídico y moral. «Es perfectamente normal y compatible respetar las opiniones de los jueces y opinar» sobre ello, abundó el presidente castellano-manchego, que aseguró que la sociedad «está alarmada y con razón» por la decisión de este magistrado.

Con todo, se mostró convencido «de que habrá una rectificación a través de un recurso, como ya ha ocurrido con otras decisiones judiciales» y reclamó una reflexión sobre la permeabilidad de los criterios de igualdad en los órganos judiciales, así como sobre «las opiniones democráticas expresadas mayoritariamente por la sociedad española».

Araceli Martínez fue la encargada de desgranar los pormenores de la ley, de la que destacó que el 95 por ciento de las medidas que recoge este anteproyecto de Ley ya están puestas en marcha, aunque detalló las novedades que contempla, como la consideración de víctimas de violencia de género a las madres cuyos hijos sean asesinados por el padre o por el hombre con el que estas tuvieran o hubieran tenido una relación afectiva de pareja para causarlas un mayor sufrimiento. Además, la Junta de Comunidades también pedirá la retirada de la patria potestad de las y los menores comunes cuando la madre sea asesinada.

Otra de las novedades es la creación de del Centro de Atención y Valoración Integral para las víctimas de la violencia de género con atención especial a aquellas «a cuya situación de víctima se unan situaciones que potencien otro tipo de discriminaciones». En materia de vivienda, tendrán un acceso especial a ella aquellas personas que se ocupen de la guarda y custodia de los huérfanos de violencia de género.

La directora general de la Mujer anunció también que se modificará la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 para añadir como un elemento de no discriminación la orientación sexual y la identidad de expresión de género de los menores dentro del sistema educativo. Se trata, según explicó, de garantizar a las personas menores de edad una atención psicológica especializada «porque las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y es fundamental poder actuar lo antes posible antes de que las dichas consecuencias aumenten». Esta medida se ampliará a los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad en los casos de homicidio o asesinato.

Estas medidas se unen a las becas «Leonor Serrano Pablo» dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos, destinadas a la realización de estudios superiores. Ytambién se va establecer una ayuda directa a familiares en situación de dependencia que convivieran con la víctima asesinada.

La directora del Instituto de la Mujer también garantizó la viabilidad económica de las medidas que se van a poner en marcha porque, según dijo, «está garantizada tanto en los presupuestos de 2017 como de 2018».

Sin embargo, el PP en las Cortes regionales criticó que la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género no tenga consignación presupuestaria. Son palabras de la presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos , quien pidió al Gobierno de Castilla-La Mancha que defienda a las mujeres y confió en que no trate esta ley «como un anuncio más». «No solamente tiene que anunciar una ley, tiene que consignarla presupuestariamente», destacó la presidenta del Grupo Popular, que también recordó que a nivel nacional ya se ha conseguido un Pacto de Estado con todas las comunidades autónomas, que estará dotado con 1.000 millones de euros en cuatro años para luchar contra la violencia de género.

El diputado del PSOE Fernando Mora contestó a Guarinos que «o es bueno poner antes el carro que los bueyes» ya que hay que «predicar siempre con el ejemplo».